Una quita de deuda sin equidad

El relato oficial, expresado por la vicepresidenta María Jesús Montero, sostiene que se trata de «una medida de sentido común» que beneficiará «especialmente a Andalucía», comunidad en la que hoy es candidata del PSOE y en el pasado fue consejera, un puesto desde el que contribuyó a acrecentar la misma deuda que ahora borra. Casualmente, a Andalucía le corresponde la mayor quita: 18.791 millones de euros. Pero lo cierto es que la distribución de la ayuda favorece especialmente a Cataluña con 17.104 millones.

La condonación sin condiciones es una pésima idea que ha sido criticada por los expertos. No solo porque el reparto ignora los criterios de equidad y eficiencia, sino que premia a quienes han gestionado mal sus recursos y castiga a quienes han actuado con prudencia. La arquitectura de la medida es, además, extraordinariamente opaca. La distribución territorial utiliza criterios como la población ajustada, el nivel de endeudamiento, la infrafinanciación y el supuesto «sobreesfuerzo fiscal» en el IRPF. Pero, como señala Fedea, los datos utilizados no reflejan la magnitud de la infrafinanciación acumulada ni el impacto real del esfuerzo fiscal, y pequeños ajustes en los indicadores pueden provocar enormes diferencias en el reparto. Por eso, algunas decisiones resultan inexplicables: Cataluña, con un índice de financiación cercano a la media y con un sobreesfuerzo fiscal similar al de otras regiones, recibe un 87 por ciento más de lo que le correspondería con criterios de equidad, mientras que Murcia y la Comunidad Valenciana reciben un 34 y un 39 por ciento menos, respectivamente. Andalucía también sale perjudicada, con un 15 por ciento menos de lo que recibiría con un reparto justo.

Este diseño revela el verdadero motor de la medida: la política, no la economía. La condonación fue parte del pacto de investidura con ERC, y su generalización sólo busca dotar de una apariencia de imparcialidad a un acuerdo que nació como cesión al independentismo catalán. Ni siquiera en el bloque oficialista hay consenso: Sumar ha anunciado que presentará enmiendas para cambiar los criterios de reparto. Y no solo los expertos, la oposición o los socios minoritarios cuestionan la medida. La agencia Fitch ha desmontado uno de los principales argumentos del Ejecutivo: que la quita mejorará la calificación crediticia de las comunidades. Fitch afirma que solo una de las 15 beneficiadas verá reducido su coste de financiación. El resto seguirá igual o incluso peor si el Estado incurre en más déficit.

En resumen, lo que hoy se presenta como un gran acto de solidaridad interterritorial no es más que un parche oportunista, que perpetúa la falta de disciplina fiscal, fomenta la desigualdad entre comunidades y erosiona la credibilidad del sistema de financiación. Una condonación puede ser legítima si corrige desequilibrios históricos o si va acompañada de una profunda reforma estructural. Pero nada de eso ha sucedido.