Aún queda Estado en España

El líder de Junts, que sería inane sin la ambición desmedida de Sánchez por el poder, colecciona concesiones que han socavado la fortaleza del Estado para hacer frente a futuras intentonas golpistas del separatismo. Para neutralizar las condenas impuestas por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Sánchez indultó a los responsables juzgados por el 1-O, eso sí, con unas memorias elaboradas por su entonces ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, en las que se decía que la amnistía era inconstitucional. Como el problema de Puigdemont no se resolvía con el indulto, porque aún no había sido juzgado, el Gobierno empujó al Parlamento a suprimir el delito de sedición y, luego, a reformar el de malversación de fondos, todo para adecuarnos a esa Europa de uso alternativo en la que se refugia Sánchez cuando quiere perpetrar alguna trampa legislativa. Como esas reformas no surtieron efecto y el Supremo mantuvo el procesamiento de Puigdemont por malversación, el Gobierno, el PSOE y los delincuentes condenados por el 1-O pactaron una amnistía ahora juzgada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y que el Supremo no ha aplicado a los responsables de la asonada separatista de 2017, pero que ha sido bendecida por el Tribunal Constitucional (TC). Sánchez no ha dudado en poner al servicio de Puigdemont, pese a su nimiedad política, el Gobierno de la Nación, el Parlamento, la Fiscalía, la Abogacía del Estado y la presidencia del TC. Y se puede añadir la connivencia de los Mossos d'Esquadra, que facilitaron la impunidad de Puigdemont en su visita fugaz a Barcelona.

Pero, aun así, el prófugo sigue sujeto a órdenes de detención dictadas por el magistrado Pablo Llarena; no ha sido amnistiado porque el Supremo dice que la ley de Amnistía no se extiende a malversaciones con ánimo de lucro, como la suya; y está perdiendo su blindaje como eurodiputado por decisiones del Parlamento europeo y del TJUE. Lo que no depende de Sánchez es lo único que ha funcionado.