La nacionalización de Talgo

Hay que recordar que la compleja situación que vive Talgo –una empresa hasta ahora privada y cotizada en bolsa– ha sido provocada precisamente porque el Gobierno de Sánchez vetó la oferta pública de adquisición de la empresa por parte del consorcio húngaro Magyar Vagon en 2024, por supuestos «motivos de seguridad nacional» que nunca se explicaron con transparencia ante el Congreso. Desde entonces, se ha producido una concatenación de decisiones discrecionales, intervencionistas y profundamente lesivas para los principios de libre mercado. Se impidió una transacción voluntaria entre privados, se desbarató el precio de mercado de una compañía cotizada (Magyar ofrecía 5 euros por acción y hoy cotiza a 2,96) y se frustró la legítima expectativa de muchos accionistas que deseaban vender su participación. A cambio, el Gobierno ha impulsado una solución de conveniencia en la que quien gana no es el interés general, sino grupos bien conectados con el PNV.

La SEPI tomará cerca del 8 por ciento de Talgo mediante una ampliación de capital que excluye a los accionistas actuales y pagando un precio que supera en un 40 por ciento la cotización bursátil del viernes. A ello se suma un préstamo convertible de 30 millones de euros más. En paralelo, el consorcio vasco liderado por Sidenor, y respaldado con fondos del Gobierno autonómico, de las diputaciones forales y de entidades afines al PNV –como Kutxabank, BBK, Vital o Ekarpen– se hará con otro 30 por ciento del capital. El resultado es que una empresa privada ha sido intervenida y redistribuida con una importante participación de dinero público entre estructuras empresariales y financieras controladas o influenciadas por el nacionalismo vasco. Se rompe de nuevo la lógica del libre mercado en beneficio de lógicas partidistas. Se castiga al accionista minoritario, se margina al consejo de administración y se desnaturaliza la función del regulador, convertido en cómplice de una operación política más que industrial.

El pretexto de que esta inversión «se realiza en estrictos términos de mercado» no resiste el más leve examen. No hay mercado cuando se excluye a los accionistas de una ampliación de capital, cuando se reparte el control de una empresa entre administraciones públicas o cuando se utiliza el aparato del Estado para facilitar una transferencia de poder a aliados políticos. Lo que hay es intervencionismo, opacidad y un modelo de gobernanza que mezcla clientelismo territorial y gestión empresarial, con graves consecuencias para la transparencia y la eficiencia.

España no necesita más colonizaciones silenciosas del tejido productivo bajo el pretexto de lo 'estratégico'. Necesita gobiernos que respeten el libre mercado, administraciones que actúen con neutralidad y empresarios que prosperen sin muletas públicas. Lo ocurrido con Talgo es un caso de manual de cómo se pervierte todo eso con el aplauso institucional.