Los lamentos de Bolaños

Ayer insistió Bolaños con su lamento por «resoluciones judiciales incomprensibles que hacen daño al buen nombre de la justicia», sin precisar qué resoluciones son esas y en qué han menoscabado el prestigio del poder judicial. Al hablar de la Justicia, la verdad no existe en el discurso del Gobierno. Algunos de sus ministros incluso se sorprenden de que el jurado pueda asumir el juicio a Gómez, prueba evidente de que no se han leído la Ley que regula este tribunal «popular». La queja/presión de Bolaños ante el CGPJ comparte la finalidad de las querellas temerarias del matrimonio Sánchez-Gómez contra el juez Peinado: generar una especie de conflicto entre este y aquellos para despojar al juez Peinado de la legitimidad de su independencia e imparcialidad y así justificar los ataques orquestados que recibe.

En otro plano distinto, pero en la misma línea de deterioro de la relación institucional que debería mediar entre el Ejecutivo y el Judicial, no es aconsejable pasar por alto la coartada esgrimida por la Abogacía del Estado en la defensa de Álvaro García Ortiz. Para la Abogacía, la situación del fiscal general del Estado, quien va camino del banquillo de los acusados, es culpa del «aparato institucional de la Comunidad de Madrid», en el sentido de que fue el equipo de Díaz Ayuso el causante de un bulo al que respondió García Ortiz difundiendo secretos de la pareja de la presidenta madrileña. La coartada es una estrategia de defensa muy legítima, pero la que ha planteado García Ortiz, de la mano de la Abogacía del Estado, no es compatible con su mantenimiento al frente de la Fiscalía. No solo significa que sigue siendo superior jerárquico de la fiscal que pide su absolución ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, sino también de quien acusa a González Amador por delitos fiscales. Recordemos que García Ortiz desveló, según el Tribunal Supremo, el correo del abogado de González Amador en el que proponía negociar con la Fiscalía un pacto de conformidad y, ahora, García Ortiz necesita, por interés de su defensa personal, como coartada indirecta, que González Amador sea acusado por la fiscalía y condenado. Esta es una situación absolutamente tóxica de sumisión del funcionamiento del Ministerio Fiscal, sujeto al principio de legalidad e imparcialidad, a los intereses particulares de quien hace tiempo debió dejar la Fiscalía General del Estado.