España ya no nos roba

Entregar a Cataluña, por simple exigencia del separatismo, y de espaldas siempre al interés general, la recaudación y la gestión integral del IRPF representa un paso adelante, de enorme trascendencia, en el borrado de las líneas rojas que traza la Carta Magna, papel mojado para un Tribunal Constitucional que la reescribe al dictado del poder ejecutivo. No solo se puede gobernar sin el contrapeso del legislativo, como aventuró Sánchez, sino que se puede alterar el marco de la Constitución de la mano de un TC encargado ahora de sustanciar la 'crisis constituyente' de la que habló el exministro Juan Carlos Campo. La excepcionalidad del 'cupo' vasco' y del régimen foral de Navarra, consagrada en la norma suprema, se convierte así en un estándar fiscal para que el nacionalismo catalán haga sus propias cuentas, recaude los impuestos –hasta su totalidad– y reduzca la Agencia Tributaria y la Hacienda Pública a meras coordinadoras de un autoservicio tributario en el que cada región, desbordando incluso cualquier esquema federalista, administra sus propios tributos frente a un Estado que, como en tantos otros ámbitos de la esfera pública, pasa a ser actor secundario del ejercicio fiscal y que abandona lo que, junto a la administración de Justicia, representa su primera función esencial: la recaudación de tributos y la elaboración de un presupuesto con el que servir a los contribuyentes.

Sin cuentas públicas, instalado en una prórroga presupuestaria que no es sino el reflejo de su propia endeblez, el Gobierno cede a Cataluña la gestión de hasta 30.000 millones de euros, invitación ya formal a la insolidaridad y el desequilibrio económico entre territorios. De aquel «España nos roba» con el que comenzó el 'procés' pasamos, ahora con el aval del Gobierno de la nación, a la caja fuerte en la que el nacionalismo pone a buen recaudo lo que tradicionalmente ha considerado exclusivamente suyo. Lo que prendió la mecha del estallido de octubre de 2017, pura codicia, va camino de convertirse en norma, enésima de una serie legislativa definida por la desigualdad entre españoles. Que sea el Partido Socialista el que avale, como ya sucedió con la amnistía, una iniciativa que justifica los privilegios de unos pocos –precisamente de aquellos que figuran entre los más ricos– representa un desafío no solo a sus principios políticos y sociales, sino una prueba moral que tendrán que pasar los diputados socialistas que representan a las provincias del resto de España, perjudicadas por este reparto a la carta y a domicilio de la tarta fiscal. La premisa con que el Ejecutivo trata de blanquear esta fractura del régimen común, consistente en abrir la puerta a todas las comunidades autónomas que elijan este modelo de autogestión tributaria, es una de las mayores muestras de la hipocresía a la que este presidente ha habituado a la opinión pública. Mientras pone en la diana y aprieta las tuercas tributarias, con un discurso populista, a las grandes empresas y fortunas, el Gobierno tolera que una de las regiones más ricas de España se autodetermine en un ámbito que, como la Justicia, es exclusivo del Estado. Si los tribunales desarticularon un 'procés' cuyo único origen fue económico, basado en un delirante 'robo', los artífices de aquel golpe han logrado en una mesa de negociación el que fue su primer y gran objetivo gracias a la debilidad parlamentaria de Pedro Sánchez. Ni siquiera Carles Puigdemont llegó tan lejos.