España, en el podio de los países con laudos impagados

El Gobierno, aferrado al respaldo de la Comisión Europea, se niega a cumplir con lo que dictan tribunales internacionales, alegando que hacerlo implicaría una ayuda de Estado ilegal. Pero esta estrategia de obstrucción legal tiene un precio. Además de los costes financieros y reputacionales, España se arriesga a embargos internacionales en activos como el Instituto Cervantes o las compensaciones del Prestige. Evitar el pago puede parecer un triunfo político momentáneo. Pero en el tablero de la seguridad jurídica y la credibilidad exterior, el coste de no cumplir es mucho más alto.