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La derogación de Schengen

La respuesta europea a la inmigración, donde cada país hace lo que quiere –como es el caso de Francia en la frontera española–, ha acabado con uno de los logros de la UE: la libre circulación

Editorial

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La respuesta a la inmigración ilegal en Europa se está plasmando en políticas estatales heterogéneas, y aun contradictorias, más pendientes de las sensibilidades de las respectivas opiniones públicas de los estados miembros y de las pugnas partidistas, que de encajar las decisiones de los ... gobiernos en un plan europeo convergente. Francia pacta con Reino Unido un programa de intercambio de inmigrantes ilegales. En Italia, el gobierno de Meloni persevera en endosar sus inmigrantes ilegales a terceros países a cambio de una compensación económica, modelo de disuasión que ha sido considerado por Bruselas como una opción para toda la Unión Europea. El ejecutivo socialista de Dinamarca está a la vanguardia de las políticas de mano dura contra la inmigración ilegal. El gobierno español, directamente, carece de una política migratoria digna de tal nombre. Y, en general, la gran mayoría de los países europeos ha reimplantado controles en sus fronteras, bien por la vía de hecho, bien previa aprobación de normas específicas. En ambos casos se trata de una derogación más o menos intensa del espacio Schengen, uno de los motores del proyecto supraestatal europeo. Primero el terrorismo y, ahora, la inmigración, han hecho mella en la confianza recíproca sobre la que se asentaba la libre circulación de personas en el ámbito de la UE. La seguridad interna de cada Estado va emergiendo de forma inexorable como una prioridad superior a la consolidación de un espacio común en Europa para el libre desplazamiento de personas.

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