editorial

Tregua judicial, no política

El Gobierno confía en que la nueva mayoría progresista del TC sea afín a sus objetivos, para lo que no ha dudado en reforzarla con dos candidatos salidos de su propio equipo

29/12/2022
Actualizado a las 08:10h.

La designación de los dos magistrados del Tribunal Constitucional por unanimidad de los vocales del Consejo General del Poder Judicial ha rebajado el nivel de una crisis institucional que aún subsiste. Resta aún decidir la renovación del órgano de gobierno de los jueces, y es ... aquí donde vuelven a enfrentarse los dos modelos que defienden el PSOE y el Partido Popular. Mientras los socialistas quieren mantener la designación parlamentaria de los doce vocales judiciales, los populares defienden el sistema apadrinado por la Unión Europea y el Consejo de Europa, que pone en manos de los jueces la designación de esos vocales. Hay que recordar que el PP aceptó renovar el CGPJ conforme al sistema actual, pero pedía al mismo tiempo el compromiso del PSOE de implantar el modelo de elección directa por los propios jueces. El Gobierno no quiere este procedimiento que convierte a los jueces en electores por la sencilla razón de que la izquierda política considera que perdería representatitivida real en el ámbito judicial. En este contexto, el acuerdo del CGPJ para proponer dos magistrados del TC es una buena noticia, pero insuficiente para desenlazar el nudo que mantiene en vilo la renovación del gobierno judicial. Los socialistas deberían abandonar la idea de rebajar la mayoría parlamentaria para elegir a los doce vocales judiciales del CGPJ, porque los atajos para perjudicar a la oposición tienen un coste, como bien han podido comprobar con el auto del TC que suspendió sus enmiendas para hacerse por las bravas con el control de ambos órganos constitucionales.

En efecto, el auto desgrana los motivos por los que la reforma exprés de las leyes del TC y del CGPJ vulneraba los derechos de los grupos minoritarios del Congreso de los Diputados y del Senado. Es una resolución muy sólida en sus argumentos, que pone difícil las cosas a los magistrados que han anunciado votos particulares, porque desgrana cada paso dado por el Gobierno y su mayoría parlamentaria, con la cooperación necesaria de la presidenta del Congreso, para burlar las normas más esenciales del procedimiento legislativo. Se trata, sin duda, de una resolución inusual, pero porque fue inusual el camino seguido por el PSOE y sus socios para tomar el control del Estado de derecho. Entre este auto del TC y el acuerdo del CGPJ para designar dos magistrados de dicho tribunal, el Estado de derecho ha reaccionado constructivamente a una agresión sin precedentes desde el Gobierno y el Parlamento, sometidos uno y otro a los mandatos constitucionales. Hay una lección que los socialistas y sus socios no deben olvidar: la representación popular que encarnan los grupos parlamentarios no justifica la vulneración del orden constitucional, ni la abrogación de las normas del procedimiento legislativo, porque si fuera así, no estaríamos en una democracia parlamentaria sino en un totalitarismo asambleario.

El TC encara, gracias al acuerdo del gobierno judicial, la renovación del tercio de sus magistrados que correspondía al CGPJ y al Gobierno. La nueva mayoría será netamente progresista por efecto de unas reglas que alternativamente confieren esa ventaja a la izquierda y a la derecha. En esta ocasión se da la circunstancia de que el Gobierno confía, además, en que esa mayoría sea afín a sus objetivos políticos, para lo que no ha dudado en reforzarla con dos candidatos que prácticamente salen de la administración socialista para tomar posesión en el TC. El acuerdo del CPGJ ha suavizado la tensión, pero las causas originales del conflicto siguen vivas y activas y giran en torno a dos modelos muy distintos sobre el Estado de derecho en España. Y Europa ya ha elegido cuál es el suyo.