Las trampas del tercer grado

La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) ha denunciado que las últimas excarcelaciones motivadas por este beneficio penitenciario del tercer grado son auténticos «indultos encubiertos». Se está pasando de excarcelar a terroristas que tenían pendiente de cumplimiento solo tres o cuatro años a beneficiar con el tercer grado a presos que aún les queda por cumplir la mitad de su condena efectiva a treinta años de prisión. Esta voluntad de menoscabar el criminal significado histórico de ETA y la excelencia moral de sus víctimas en la conformación de la democracia española es burdamente incongruente con el empeño del Gobierno en revivir las heridas de la Guerra Civil y enfangar a la sociedad española en una nueva división entre víctimas buenas y víctimas olvidables.

La AVT no cuestiona la posibilidad de aplicar terceros grados a presos de ETA, pero reclama, con toda justicia, que se haga como ordena el Código Penal y la Ley General Penitenciaria, es decir, exigiendo del preso un cumplimiento efectivo de su condena, el perdón a la víctimas, la repudiación de la violencia, el pago de las indemnizaciones y la colaboración con la Justicia para esclarecer crímenes que caminan a su la impunidad de su prescripción. El atajo del famoso artículo 100.2 y sus «tratamientos específicos» se ha convertido en la coartada para soslayar los requisitos del tercero grado.

¿Qué más se puede pedir a las víctimas de ETA? Su refugio ha sido la justicia, no la venganza; la ley, no la violencia. Nunca han defendido la guerra sucia contra ETA, ni han justificado la violación de derechos fundamentales en la lucha contra el terrorismo. Sus demandas de justicia y reparación siempre se han enmarcado en la Constitución y las leyes. Muchas de ellas han perdonado, pero ninguna ha olvidado, porque es imposible hacerlo. No lo permite el dolor por las ausencias de los fallecidos y los traumas de los supervivientes; tampoco lo permite la insolente normalidad con la que los antiguos terroristas y sus actuales albaceas ocupan espacio público, comparten poder político y reciben parabienes del Gobierno, sin haber pedido disculpas, ni haberse arrepentido pública y expresamente por el sufrimiento causado. Sentimientos heridos de las víctimas que quedan retratados con toda su dureza en la entrevista que hoy publica ABC con Mara Martín, hija del artificiero de la Policía Valentín Martín, asesinado por el etarra Juan Jesús Narváez, alias 'Pajas', y al que la autoridad penitenciaria le concedido esta semana la semilibertad. Apenas ha estado encerrado diez años.