editorial

Regeneración democrática

Defender las garantías y la calidad democrática no es patrimonio de ninguna ideología, sino que debe interpretarse como una preocupación transversal de todos los agentes políticos

24/01/2023 a las 01:02h.

Alberto Núñez Feijóo presentó ayer, en el Oratorio de San Felipe Neri de Cádiz, un plan de regeneración institucional basado en sesenta medidas. El lugar no fue elegido al azar ya que fue en aquel edificio donde en 1812 se proclamó la primera constitución española, ... una localización especialmente significativa pues fue en aquel contexto donde se popularizó el uso del término 'liberal' que acabaría revolucionando el pensamiento político. La solemnidad del acto y la localización escogida fueron una declaración de intenciones.

Las medidas anunciadas por el líder de la oposición prolongan el mensaje que adelantó en el Foro ABC el pasado 10 de enero. La defensa de las instituciones y la recuperación de la confianza en la arquitectura formal de la democracia son los ejes sobre los que Feijóo aspira a consolidar su primer compromiso en el año electoral. La propuesta cobra verosimilitud toda vez que el anuncio contempla el plazo de su cumplimiento: cien días.

El paquete de medidas plantea acciones de difícil ejecución, como la garantía de que gobierne la lista más votada, algo que puede plantearse como un marco preferencial pero que con dificultad podría encontrar un acomodo legislativo vinculante. El pacto expresado en estas 60 medidas refuerza algunas garantías procesales de la democracia como, por ejemplo, el fortalecimiento de las Cortes Generales tanto en su labor legislativa como en su natural misión de control del Ejecutivo.

El Plan de Calidad Institucional que se presentó ayer en Cádiz, ante las banderas de España y de Europa, se asume como la derogación de algunas de las acciones legislativas más impopulares del actual Gobierno. Así, se plantea de forma prioritaria corregir la ley del 'solo sí es sí' y se propone recuperar los delitos de sedición y el de referéndum ilegal, suprimido en el año 2005. También retoma algunas causas clásicas del regeneracionismo como la reforma del Senado y establece, con una ambición sin precedentes en nuestra democracia, reforzar la independencia de la Fiscalía General del Estado.

La defensa de las garantías democráticas no es patrimonio de ninguna ideología sino que debería interpretarse como una preocupación transversal a todos los agentes políticos. Reconstruir la fe en las instituciones es una de las misiones prioritarias de cualquier gobernante. Se trata, de hecho, de la única protección que tenemos frente a las tentaciones iliberales que han sido capaces de debilitar democracias tanto en Europa como en América. Así, parece razonable celebrar cualquier medida destinada a mejorar la transparencia y el buen gobierno. Poner coto al abuso del decreto ley como instrumento legislativo, doblar las exigencias de despolitización de instituciones públicas como el CIS, el INE o el Consejo de Estado o exigir una mayor rendición de cuentas en el uso de fondos públicos son pasos imprescindibles para el cuidado de nuestra democracia y nuestra convivencia.

Esta declaración de intenciones contrasta, sin embargo, con algunos hitos de la trayectoria de los populares. La agenda reformista, algunos de cuyos aspectos ya estuvieron sobre la mesa en tiempos de Mariano Rajoy, no llegó a satisfacer la expectativa creada. Está por ver que en esta ocasión el compromiso sea, de verdad, irrevocable. La ambición regeneracionista del plan propone un pacto de confianza con los españoles aunque a nadie se le oculta que, para comprobar la verosimilitud de este empeño, el Partido Popular tiene todavía un reto capital por delante: ganar las siguientes elecciones y ser capaz de formar gobierno.