EDITORIAL

Una reforma mala e insuficiente

El Gobierno presume de tener a Bruselas de su lado para cambiar el sistema de pensiones, pero esto no hace buena su propuesta ya que carga en el mercado laboral todo el peso de financiarla

Una oportunidad perdida (10/3/2023)

11/03/2023 a las 01:38h.

La segunda parte de la reforma de las pensiones presentada por el Gobierno de Pedro Sánchez penaliza al mercado laboral de una manera extraordinaria y tendrá consecuencias muy importantes para la economía española. Se sabía que la estrategia del ministro José Luis Escrivá de dividir ... la reforma en dos iba a tener como resultado que su cierre iba a ser el equivalente a una final de campeonato, donde todo vale con el objetivo de marcar. Lo que nadie imaginaba es que la Comisión Europea abandonaría su papel de árbitro y se sumaría al equipo del ministro, asumiendo sus cálculos y proyecciones sobre la sostenibilidad del sistema y despreciando los cuestionamientos y matices formulados por otras instituciones tan respetables como el Banco de España y la Airef. Tiene mérito que Escrivá haya convencido a Paolo Gentiloni, el comisario que realmente dirige el Gobierno europeo, pero más lo tiene que lo haya conseguido con los argumentos de Podemos.

No será Gentiloni el que financiará las pensiones, cuyo gasto está desbocado desde que Escrivá dinamitó la reforma del PP de 2013, permitiendo la indexación de las pensiones con el IPC y suprimiendo el factor de sostenibilidad. Los que lo harán serán, fundamentalmente, los trabajadores, los autónomos y los empresarios españoles. El ministro ha propuesto no sólo duplicar la capacidad recaudatoria del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) que pagan empresas y trabajadores, sino que se ha cebado con los salarios más altos para complacer a Podemos. Por un lado, ha decidido que el tope máximo de cotización (unos 53.000 euros brutos anuales) subirá más de un 30 por ciento de aquí al año 2050 mientras que la pensión a la que da derecho crecerá diez veces menos, medida que rompe con la contributividad del sistema. Y por otro lado, ha decidido crear un recargo de solidaridad que se aplicará a todo el salario que exceda de las bases máximas y que hasta ahora estaba exento de cotizar. Dicha cuota será del 1% en 2025 e irá subiendo 0,25 puntos al año hasta llegar al 6% en 2045.

Estas dos últimas medidas, que no tendrán reflejo en la pensión de quienes las financien, son simplemente nuevos impuestos o exacciones creadas por el ministro Escrivá al margen de la Hacienda pública y del sistema tributario. Como aseguraba ayer la patronal CEOE junto a las pymes y los autónomos -quienes anunciaron su «frontal oposición» a la propuesta- esta reforma «es regresiva en toda su extensión porque implica más años de trabajo, más esfuerzo contributivo y menos pensión».

Además, las propuestas de Escrivá son fuertemente distorsionadoras de la actividad económica. Un impuesto a los sueldos más altos hará más escasos esos empleos y penalizará a profesionales que aportan alto valor añadido a la economía. Además, el aumento de los costes laborales se reflejará en una menor creación de empleo en un país que ya cuenta con una de las cuñas fiscales (la suma del IRPF y las cotizaciones sociales) más altas de las economías desarrolladas.

Se esperaba que la segunda parte de la reforma de Escrivá compensara el incremento del gasto causado por la primera. Pero los expertos creen que ni de lejos se conseguirá porque la modificación del sistema de cálculo de la pensión, manteniendo los actuales 25 años o subiendo a 29 años sin los peores dos años cotizados, no generará los ahorros que el ministro quería ya que las personas siempre escogerán el método de cálculo que les proporcione la mejor pensión.