Puigdemont ya ha ganado

En segundo lugar, es una anomalía que un alto cargo del Gobierno con amplia visibilidad, y con una delegación que incluía a la propia fotógrafa de la vicepresidenta, acuda en representación de todos los ciudadanos a visitar a un prófugo que sigue pendiente de ver tramitada una euroorden para su entrega a España. El Gobierno puede aspirar a lograr todos los escaños posibles en pro de una investidura de Sánchez, pero más allá de la ética política y de los límites que establece la Constitución a la hora de ceder a las exigencias de un huido, lo cual debería ser suficiente para negarse a negociar consultas de autodeterminación o amnistías generadoras de agravios, queda pendiente el cumplimiento de una mínima estética pública en los actos del Gobierno. Más aún si, como hizo Díaz, recibe a Puigdemont entre risas y con una pomposa ostentación exhibicionista en las formas. Fue la fotografía de la rehabilitación de un delincuente al que Sánchez prometió detener y traer a España, el mismo día en que el presidente se dio prácticamente por investido. Todo estaba orquestado para esta desgraciada expresión de complicidad con un fugado.

El viaje de Yolanda Díaz, que se ha negado a reunirse con Núñez Feijóo mientras se muestra reverenciosa con Puigdemont, supone además un ninguneo alevoso al Tribunal Supremo y una deslegitimación de sus decisiones. Puigdemont continúa pendiente de responder por malversación de dinero público en la organización del 1-O. Pues bien, Díaz transmite el peligroso mensaje de que la acusación de la Fiscalía o la instrucción del Supremo son irrelevantes, y que en política es legítimo pervertir el uso de la ley para favorecer penalmente a un fugado y de rehabilitarlo socialmente casi como un héroe. De renovar Sánchez, la nueva legislatura no apuntaría a una resolución particular del falso «exilio» de Puigdemont, sino a un cambio radical de paradigma en nuestra democracia, con el TC dispuesto a avalar por la vía del 'constructivismo jurídico' una España de diferentes naciones. En definitiva, un cambio sustancial de régimen.

La entrevista de Díaz se incardina así en una estrategia global del PSOE que el propio Sánchez ya admite públicamente al asegurar que la próxima legislatura será la de «pasar la página» del proceso separatista. De hecho, la izquierda lleva semanas blanqueando cualquier exigencia del independentismo por ilegal que sea en nuestro ordenamiento, y alimentando la falacia de que es una «mayoría progresista» de españoles la que está de acuerdo en amnistiar a los acusados del 'procés', en la aceptación de una «España plurinacional», y en la sustitución de la carta magna por la vía de los hechos consumados para asumir un marco viable hacia el derecho a la autodeterminación, inexistente en España. Eso es lo que insinuó el ministro de la Presidencia cuando admitió días atrás que el Gobierno está dispuesto a hablar «de todo» y con una idea «constructiva». Y como el fin justifica los medios para este Gobierno, está recurriendo además a eufemismos para atribuir connotaciones positivas a decisiones que jurídicamente están prohibidas por la ley. Así, Sánchez edulcora el lenguaje para hablar de «audacia política», de «dejar atrás la fractura del 'procés'», de «apostar por el diálogo y la concordia», de «avanzar en la convivencia»… Es evidente que confunde la audacia con la claudicación, y que está preparando a la ciudadanía para asumir el coste político, social, jurídico e institucional de una auténtica cesión de soberanía.