La pregunta que sí importa

Y ayer, dos fiscales con conocimiento personal y directo de los hechos, dieron la puntilla a su máximo jefe. Uno de esos fiscales es Almudena Lastra, fiscal jefe de la Comunidad de Madrid, es decir, un cargo directivo de máxima relevancia en la organización del Ministerio Público. Sirva de recuerdo que fue Lastra quien informó a favor de la admisión de la querella de Pedro Sánchez contra el juez Juan Carlos Peinado. No es, por tanto, una quinta columna de la derecha en la Fiscalía o un ariete contra el Gobierno. Y si conoce los hechos es porque García Ortiz quiso implicarla en algo que ella misma sabía que era ilegal. Por eso, ayer declaró ante el magistrado Luis Hurtado que preguntó a García Ortiz si había filtrado el correo. La respuesta del fiscal general es un veredicto de condena para sí mismo: «Eso ahora no importa».

Precisamente, esa es la pregunta que importa, porque un fiscal no debe filtrar información confidencial para perjudicar a un adversario político del Gobierno. Si se publicó alguna información errónea, la Fiscalía pudo desmentirla de muchas maneras y ninguna de ellas ilegal. Pero García Ortiz eligió la ilegal y, además, la delictiva. El testimonio de Lastra demuestra que su interlocutor sabía perfectamente que su decisión de filtrar el correo del abogado de González Amador era ilegal, pero perseveró en ella. Como también perseveró en una mentira, de la que hizo coautor a otros fiscales, como demostró ayer, sin duda, el fiscal Julián Salto, quien tuvo que abandonar un partido de fútbol para mandar a García Ortiz los correos del abogado de González Amador. Salto declaró que no existía ningún protocolo para borrar periódicamente los teléfonos móviles de los fiscales y que, de haber sabido lo que iba a pasar, habría pedido por escrito la orden que recibió.

Con estos testimonios, el relato de Sánchez y Bolaños sobre el fiscal general se desmorona como lo que era, un artificio sostenido por la enorme facilidad del Gobierno para mentir públicamente. Cada avance judicial contra la trama cuyo epicentro es La Moncloa es respondido con un nuevo asalto a la Justicia a través del Boletín Oficial del Estado. Sánchez ha perdido todos los relatos y aún puede perder el de su propia inmunidad. Hace poco más de 48 horas, el ministro de Justicia –no otro, el de Justicia– se atrevía a descalificar el auto del magistrado Hurtado por carecer de indicios. Pues ya los tiene y sin tener que buscar en la «fachosfera»: los del delito de revelación de secretos y los de la mentira sobre el borrado del móvil de García Ortiz, otro mártir absurdo del sanchismo.