Perú, camino del Estado fallido

Ninguna de las dos primera demandas serán atendidas. Un juez ha dictado prisión preventiva por un plazo de 18 meses para Castillo y el Congreso rechazó ayer la propuesta de la nueva presidenta Dina Boluarte de adelantar las elecciones para descomprimir la situación, lo que aboca al país a un conflicto de consecuencias imprevisibles puesto que la decisión de los diputados va a ser interpretada como una declaración de guerra por los manifestantes. Las cosas en Perú se ven muy distintas según se mire desde Lima, la capital, donde funcionan las principales instituciones del país, o desde alguno de los 24 departamentos (regiones) que componen una nación enorme y variada. Boluarte cometió el error de cálculo de anunciar que intentaría completar el mandato de Castillo, permaneciendo en el cargo hasta 2026. Intentó así congraciarse con un Congreso cuyos miembros no pueden presentarse a la reelección, que apenas llevan poco más de un año de legislatura y no sienten ningún impulso por acortar sus mandatos. Boluarte pronto se dio cuenta de que la ciudadanía la considera un mal menor y no apoyaba sus pretensiones. El resultado fue que primero anunció que adelantaba las elecciones a abril de 2024 –que es lo que rechazó ayer el Congreso– y después dijo que, acelerando al máximo los tiempos, podría votarse en diciembre de 2023. La presidenta también ha tenido que rectificar con el orden público. Primero se limitó a hacer llamamientos a la calma, pero como fueron ignorados, tuvo que dictar el estado de emergencia para unos pocos departamentos en el sur del país, pero finalmente tuvo que ampliarlo a todo el territorio nacional por un plazo de 60 días. El estado de emergencia le permite desplegar el Ejército en tareas de control del orden público, lo que ya ha tenido consecuencias nefastas: sólo en la región de Ayacucho se registraron ocho civiles muertos en los enfrentamientos violentos registrados en las últimas horas.

Para complicar aún más el panorama, cuatro gobiernos de corte populista –México, Colombia, Bolivia y Argentina– se han solidarizado con el golpista Castillo, han pedido que sea repuesto en el cargo y se han negado a reconocer al nuevo Gobierno. Testigos involuntarios de la descomposición de la situación están siendo los turistas de diversas nacionalidades que se han visto sorprendidos por el colapso de los servicios ferroviarios y de autobuses, lo que les impide abandonar el país.

Si la situación ya era complicada, la decisión del Congreso de negarse a adelantar las elecciones va a ser leída como un intento de atornillarse a los privilegios que no contribuirá a pacificar a la sociedad peruana. El país enfrenta horas cruciales y no está claro que sus instituciones estén a la altura del desafío.