El muro empieza con ABC

No es la primera vez que el Gobierno socialista veta a ABC, lo que ha obligado a nuestro periódico a cubrir en muchas ocasiones los desplazamientos del presidente con medios externos. Primero fueron las giras europeas con las que preparó la presidencia de turno del Consejo de la UE y que se extendieron por Irlanda, Dinamarca y Finlandia o, después, por Chipre, Malta e Italia. El mismo veto también se ejecutó en el viaje de Sánchez a China. En todas estas ocasiones se adujeron argumentos inverosímiles para excluir a nuestro periódico y de forma absolutamente indisimulada desde el Gobierno se ha privilegiado la presencia de medios afines.

A la vista de estos hechos, caben pocas dudas de que en España los medios críticos con la labor de Pedro Sánchez estamos comenzando a sufrir represalias por parte de un Gobierno al que, en cuestiones mediáticas, se le debe exigir la misma imparcialidad que ejercieron sus predecesores desde el año 1978. Que una administración pública intervenga con castigos en el mercado de la comunicación constituye un evidente riesgo empresarial en lo que atañe a la libre competencia. Además, alterar el contexto mediático de un país a través de medidas discrecionales e introducir vetos a determinados medios es algo que en España sólo habíamos visto hacer a Vox o, fuera de nuestras fronteras, a Donald Trump. Es sorprendente el alto grado de semejanza que guarda Sánchez con aquellas prácticas políticas que supuestamente aspira a combatir y que, sin embargo, imita de forma cada vez más evidente.

ABC mantiene su compromiso con la información veraz y en cada ocasión que ha sufrido una represalia de este tipo ha movilizado sus propios recursos para poder brindar a nuestros lectores una cobertura detallada de los viajes del presidente Sánchez. Sin embargo, esta nueva práctica iliberal del PSOE supone un atentado indisimulado contra nuestros lectores, que tienen derecho a acceder a la información en las mismas condiciones que quienes optan por otros medios. La puntualidad con la que el Gobierno beneficia empresarial e informativamente a periodistas afines comienza a hacerse insostenible y está generando un marco de competencia desleal. Además, este tipo de medidas incorporan una amenaza velada con la que subrepticiamente se intenta enviar un mensaje para desincentivar críticas que resultan perfectamente legítimas. La libertad de opinión y expresión, el acceso a una información veraz o la libre competencia son valores elementales de la democracia liberal. Por este motivo, resulta inquietante la decidida arbitrariedad con la que desde el Gobierno se intenta desestabilizar un equilibrio mediático en el que el pluralismo y la posibilidad de criticar al poder deberían estar garantizados.