Motivo personal, causa política

No hay motivo para pensar que entre una cosa y otra haya habido una relación de causalidad, pero sí es una coincidencia que enmarca la difícil posición pública que Delgado ha mantenido en la jefatura del Ministerio Fiscal. Su nombramiento dividió al Consejo del Poder Judicial y generó recelo, cuando no directamente rechazo, entre las filas de sus compañeros, porque no hubo solución de continuidad entre su militancia política en el PSOE, como diputada y como ministra de Justicia, por un lado, y su acceso a la Fiscalía, por otro.

Dolores Delgado ejecutó con disciplina de autómata la doctrina de otro exfiscal general, Conde-Pumpido, sobre el reequilibrio ideológico en los nombramientos de la carrera, premiando a los de su asociación, la progresista, en detrimento de otros más cualificados a juicio del Consejo Fiscal. Las elecciones a este órgano de representación fue una victoria aplastante de la Asociación de Fiscales frente al retroceso de la progresista, otra prueba del declive de Delgado.

La fiscal siempre ha dejado en la mayoría de sus decisiones una traza de sospecha de parcialidad política y de servicio a intereses gubernamentales, aderezados por unas relaciones personales, algunas legítimas y otras no tanto, como las que tenía con el comisario Villarejo, que ratificaban su falta de idoneidad para dirigir la Fiscalía. El Ministerio fiscal no es un negociado ministerial, ni una sociedad pública, sino la institución a la que la Constitución encomienda la defensa de la legalidad, del interés público y de la independencia judicial. Poco o nada de esto aparecerá en el historial de Delgado.

Es perfectamente verosímil que haya renunciado por motivos relacionados con su estado de salud, de los que es deseable se reponga cuanto antes. Pero como buena jurista, Delgado sabe que los motivos pueden ser distintos de las causas y, en su caída, estas causas son estrictamente políticas y siguen la pauta de las aplicadas a Adriana Lastra. En ambos casos, Sánchez ejecuta fríamente su operación de supervivencia eliminando de su entorno a personajes asociados a mensajes tóxicos o polémicos.

Ahora bien, la renuncia de Delgado, a la que el Gobierno no podía legalmente destituir salvo que hubiera incumplido gravemente sus funciones, no es motivo para presumir un cambio a mejor en la relación de Sánchez con la Justicia. Por el contrario, su maltrato al CGPJ, su ansiedad por controlar el Tribunal Constitucional, y el nombramiento de Álvaro García Ortiz como nuevo fiscal general, son claros indicios de que Sánchez quiere culminar cuanto antes su colonización de las instituciones. Además, sus pactos con Bildu y los separatistas catalanes tienen peajes que requieren someter a los tribunales: la definitiva excarcelación de presos etarras y la neutralización de la Sala Segunda para evitar el enjuiciamiento de Puigdemont.

Delgado se va por las razones que sean, pero ya no era útil para servir a Pedro Sánchez. Es un cambio que no mejora nada, pero con el que gana tiempo para crear mensajes de propaganda sobre renovación y nuevas etapas. Realmente, todo lo que está sucediendo empezó a escribirse el 4 de mayo de 2021 tras la derrota en las autonómicas de Madrid, y terminó de redactarse en la debacle del PSOE en Andalucía. Pero queda año y medio de legislatura y lo peor del sanchismo sigue indemne.