EDITORIAL
Del caso Koldo al caso Ábalos
La suspensión del exministro de Transportes sigue planteando preguntas que no encuentran respuesta y la duda ha ido escalando de Koldo a Ábalos y de éste al presidente del Gobierno
Se cumple un año desde que estallara el caso Koldo de presuntas adjudicaciones fraudulentas de material sanitario durante la pandemia. Ha supuesto la investigación de una veintena de personas, entre ellas el exministro de Transportes y antiguo secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ... que hoy declara por segunda vez ante el Tribunal Supremo, y su asesor, Koldo García Izaguirre, que da nombre al caso. La trama salpica contratos del propio ministerio de Ábalos, del de Interior y de las comunidades autónomas de Baleares –gobernada entonces por la actual presidenta del Congreso, Francina Armengol– y Canarias, al frente de la cual estaba el actual ministro Ángel Víctor Torres. La sospecha se ha extendido por tanto sobre miembros muy relevantes del Gobierno y de las instituciones, además del corazón del propio Partido Socialista, pues José Luis Ábalos era número tres del mismo y hombre de la más absoluta confianza del presidente del Gobierno. Agrava los hechos que estos se perpetraron en los peores meses de la pandemia, cuando se relajaron los controles administrativos por la urgencia de la compra de material sanitario. Todo apunta a que los que presuntamente quebrantaron la ley se aprovecharon para llevar a cabo sus tropelías de la angustia y desesperanza que se apoderó del país.
La dimensión que ha tomado el caso y que ahora se proyecta sobre el actual secretario de Organización socialista, Santos Cerdán –tercer hombre de la antigua guardia pretoriana de Sánchez–, ha excedido por mucho el esquema de «la manzana podrida» que usó el Gobierno hace un año para descargar su responsabilidad sobre el asunto. Siguiendo al pie de la letra el manual del culpable, el partido en el Gobierno se desentendió de su responsabilidad para erigir las más rocambolescas coartadas, no dudó en desprestigiar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que lo investigan y por supuesto atacar al mismísimo poder judicial al que acusa de llevar una cacería política en su contra. Esto nos obliga a recordar que Sánchez llegó al gobierno a través de una moción de censura contra la corrupción que defendió en la tribuna de oradores –ironías de la vida– el mismo hombre del que hace unos días la Cámara Baja concedió el suplicatorio y que hoy declara como investigado en el Supremo.
El Ejecutivo, que entonces acababa de llegar al Gobierno, utilizó a José Luis Ábalos como hombre fusible y suspendió su militancia una semana después de la detención de Koldo. Con esta maniobra pensada en el corto plazo, pretendían tender entre Moncloa y la trama un cortafuegos que, pasados los meses, se hace cada día más insuficiente y compromete al mismísimo presidente. La suspensión de militancia de Ábalos, más que ofrecer respuestas, sigue planteando preguntas que no encuentran una contestación satisfactoria. Porque la duda ha ido escalando desde García Izaguirre hasta el exministro de Transportes y lo que era el caso Koldo se ha ido tornando en el caso Ábalos como una sombra que escala por una jerarquía del poder a la que le queda solamente un peldaño para llegar al mismísimo Pedro Sánchez sobre el que proyecta su punto de fuga. La responsabilidad política y el deber de vigilancia ha ido llamando a puertas consecutivas y ahora lo están haciendo en la del jefe del Ejecutivo. Porque cabe preguntarse, hoy más que nunca, por qué el PSOE, que cesó a Ábalos por entender que tenía una responsabilidad sobre Koldo, no ha aplicado el mismo criterio sobre un Pedro Sánchez que convirtió a Ábalos en su mano derecha.
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