EDITORIAL

Eutanasia y ELA

Elevar a norma jurídica el derecho a morir sin asegurar correlativamente el derecho a seguir viviendo a través de unos cuidados paliativos es una forma de negar la dignidad del hombre

25/02/2024 a las 20:31h.

Los datos hablan por sí mismos: en 2022, una de cada cinco personas que falleció por eutanasia sufría esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad degenerativa incurable. Hace pocos días, el exfutbolista Juan Carlos Unzué, una de las caras visibles de esta enfermedad, se topó ... con una escasa asistencia de diputados (sólo cinco) a una jornada convocada en el Congreso de los Diputados por el Consorcio Nacional de Entidades de ELA. La legítima indignación de Unzué por la indiferencia parlamentaria tiene el contexto de una inexplicable pasividad de los grupos del Congreso para retomar la proposición de ley para apoyar a los enfermos de ELA que decayó por la convocatoria de las elecciones celebradas el 23 de julio de 2023. En un tiempo de extremas sensibilidades por el medio ambiente y los derechos de los animales, de discursos trufados de referencias a «entornos saludables» y «espacios seguros», de proclamas sobre nuevos derechos y avances sociales, la falta de respuesta política a los enfermos de ELA es una enmienda a la totalidad del pensamiento buenista. No sería razonable achacar a la falta de ley la existencia de la enfermedad. Nadie incurre en este error de planteamiento, menos aún los propios enfermos y sus familias. Pero es cierto que la falta de una ley que les asegure un nivel suficiente de atención sanitaria no solo agrava las consecuencias de una enfermedad despiadada, sino que conduce a muchos enfermos sin recursos, pero deseosos de seguir viviendo, a plantearse la eutanasia como la única opción ofrecida por el Estado.

Mucho se habla del consentimiento del ciudadano, en todos los ámbitos. En el uso de datos personales, en los contratos hipotecarios, en la libertad sexual y en casi todos aquellos en los que están en juego el bienestar, la dignidad y la integridad de la persona. Para los enfermos de ELA, sin embargo, la opción por la eutanasia no siempre es un ejercicio de consentimiento libre y bien informado, sino de ausencia de alternativas paliativas, de cuidados que permitan seguir viviendo en el mejor entorno seguro y saludable para un enfermo, que es el de su familia y el de un sistema sanitario receptivo. Cuando no hay alternativa, el sentimiento del enfermo incurable acaba oscilando entre la impotencia y el descarte, en la percepción de sí mismo como un estorbo para los suyos y una carga financiera innecesaria para el Estado. Ese mismo Estado que presume de niveles históricos de recaudación y que riega con generosas subvenciones proyectos e iniciativas que, en muchas ocasiones, no aguantan un segundo de comparación con la dignidad que reclaman los enfermos de ELA.

Las leyes son algo más que textos escritos con mandatos al ciudadano. Son también expresiones de los valores y prioridades con los que una sociedad quiere organizarse como una comunidad pacífica y solidaria. Las incongruencias de los ordenamientos jurídicos modernos están alcanzando cotas caricaturescas, pero que se adentran en la tragedia cuando revelan su opción por la muerte –llámese eutanasia o aborto– como solución a problemas que tienen alternativas mejores. Elevar a norma jurídica el derecho a morir –o la obligación de morir, en el caso del feto– sin asegurar correlativamente el derecho a seguir viviendo es una forma de negar la dignidad del hombre. La ley ha sido el mejor instrumento del ser humano para liberarlo de sus peores experiencias, pero estas regresiones al primitivismo de la muerte impuesta al débil y al enfermo nos recuerdan que aún queda por recorrer mucho camino civilizador.