EDITORIAL
Europa, en defensa del TC
Los acuerdos de Estado son necesarios, y el alejamiento irreversible entre PSOE y PP solo aumenta la crispación política, el desgaste de las instituciones y la división social
Sánchez intenta enterrar su error con el Constitucional con otra reforma exprés pero que sí cumpla la ley
No es casual que la Comisión Europea haya expresado, con su clásico lenguaje de diplomacia prudente, pero con la contundencia de una institución inquieta, su preocupación por el choque institucional vivido en España. Y tampoco es casual que después de que el Gobierno de coalición ... haya hablado abiertamente de 'golpismo judicial' contra decisiones soberanas del Parlamento, la Comisión haya respaldado al Tribunal Constitucional, inste a cumplir sus resoluciones sin desobedecerlas, y haya enviado al Gobierno el mensaje de que las reformas exprés de asuntos tan sensibles como los equilibrios de poderes y las mayorías establecidas no son del gusto de Bruselas. Hacer reformas del calado de las que pretende Pedro Sánchez, tanto en el fondo como en la forma, exigen seguir los estándares europeos propios de las democracias liberales, y demandan recabar el criterio de todas las partes implicadas en esas reformas, desde el Poder Judicial, pasando por las asociaciones de jueces, y terminando por la Comisión de Venecia y por el Consejo de Europa. Nada de esto se ha cumplido con la reforma automática que pretendía acometer Sánchez para controlar el CGPJ y el TC, y por eso ha quedado suspendida su tramitación. El mensaje de Europa no ofrece lugar a dudas.
Políticamente, se trata de un triunfo 'in extremis' del PP, que recurrió a la desesperada ante el TC, y que ha conseguido una reafirmación de la legalidad cuando el Congreso se la había hurtado en el debate parlamentario a los diputados de la oposición por las prisas de Sánchez. Por eso cobra mérito y sentido la posición institucional expuesta por Alberto Núñez Feijóo, ofreciendo nuevos pactos de renovación de los órganos constitucionales si Sánchez renuncia a sus acuerdos con los independentistas. A su vez, Sánchez ofreció una imagen muy alejada de la virulencia con la que su Gobierno había amenazado al TC con consecuencias imprevisibles. No obstante, su rebaja del tono y de la tensión queda a expensas de la estrategia que siga a partir de ahora, toda vez que el PSOE y Podemos han anunciado tramitarlo al fin como proposición de ley. En el aire queda cómo podrían intentar alterar las mayorías del CGPJ, algo que ya sopesaron en el pasado y que recibió una dura censura desde Europa.
Los acuerdos de Estado son necesarios, y el alejamiento irreversible entre PSOE y PP solo aumenta la crispación política y el desgaste de las instituciones. En este sentido, habría sido deseable que el TC no replicase milimétricamente la división radical entre magistrados avalados por la izquierda o por la derecha. Esa percepción de bloques inamovibles, pese a haber resultado en este caso garantía de cumplimiento de la legalidad, da una imagen demoledora de politización del Tribunal que no hace ningún favor a la democracia. Sin embargo, hay que huir de posiciones puramente deseables o sencillamente ingenuas. No se atisba pacto alguno. Sánchez ha quedado noqueado con la resolución del TC y nunca hasta ahora había sufrido un revés similar, salvo cuando fueron declarados ilegales sus estados de alarma. Cuando Sánchez llama a la «serenidad» conviene ponerse en guardia. Ahora tiene una nueva oportunidad de negociar con el PP, respetar los trámites parlamentarios y la letra de la Constitución porque ya se ha apartado demasiado de ella. Si a eso se añade que las quejas por la deriva del PSOE no provienen solo de esa «derecha política, mediática y judicial» que tanto gusta utilizar al Gobierno, sino de un número creciente de socialistas moderados, cobra más sentido aún un inmediato cambio de rumbo de Sánchez.
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