Sin esperanza para el CGPJ

No solo está bloqueado sin renovación desde hace cinco años, sino también mutilado por el Gobierno de Pedro Sánchez, de su función privativa de nombrar magistrados del Tribunal Supremo y otros altos cargos judiciales. Guilarte apremia a la renovación y rechaza, con razón, cualquier responsabilidad de los vocales en esta crisis institucional que ha provocado la alarma de Europa. Tanto la Unión Europea como el Consejo de Europa han reprochado el bloqueo de la renovación, pero marcan un camino por el que no quieren discurrir el PSOE y sus aliados, que no es otro que el de comprometerse con una reforma de la ley que permita a los jueces elegir a doce de los suyos para el CGPJ. El planteamiento europeo es muy claro sobre el sistema actual, que atribuye al Congreso de los Diputados y al Senado la elección de todos los vocales del Consejo: este sistema no es compatible con el estándar europeo de independencia judicial.

Es previsible que la reclamación de Guilarte sea desoída, como la de Carlos Lesmes y Rafael Mozo, anteriores presidentes del Consejo en el actual mandato. Lesmes llegó a dimitir y su gesto, una crisis institucional en toda regla, fue deglutido por el Gobierno sin pestañear. No hay motivo ninguno para confiar en un cambio de posiciones tras el 23J que permita renovar el CGPJ, incluso con la actual legislación, y pactar entre PSOE y Partido Popular una reforma de la ley en el sentido reclamado por Europa. El problema, básicamente, es que esta crisis abona el estado de cosas que necesita la izquierda para seguir pactando con el separatismo. Mantener al Poder Judicial en la zozobra de su autogobierno es una herramienta para debilitar el sistema de 1978 y avanzar por el cambio de régimen en el que Pedro Sánchez junta su camino con Arnaldo Otegui, Oriol Junqueras y Carles Puigdemont. ¿Qué puede esperar el Poder Judicial, su Consejo General y el Tribunal Supremo de un pacto del PSOE con un exterrorista, un sedicioso indultado y un prófugo procesado por malversación? No hay que engañarse al respecto: la demolición del Estado de Derecho configurado por la Constitución de 1978 es el objetivo del separatismo. El indulto a los golpistas, la derogación de la sedición y la esclavización del Tribunal Constitucional son hitos de este pacto de hierro con vocación constituyente que el PSOE quiere reeditar con el separatismo vasco y catalán.

El presidente Guilarte habrá de asumir nuevos compromisos al frente del CGPJ, más allá de renovar las quejas de sus antecesores frente a Sánchez y Feijóo. También ha de ocuparse de la situación interna del Consejo General, que está marcada por una división que debilita su posición frente al bloqueo ideológico impuesto por el PSOE. Es cierto que tanto socialistas como populares se han repartido el CGPJ por cuotas desde 1985, pero solo desde que gobierna el PSOE de Pedro Sánchez la izquierda ha querido convertir esa influencia partidista en otro capítulo de la agenda derogatoria del pacto de 1978. Socavar al Tribunal Supremo en la misma medida en que se fortalece el Tribunal Constitucional de Conde-Pumpido es esencial para el nuevo pacto del Tinell.