Empleo público disparado

En solo este año, la Administración General del Estado, es decir, dejando al margen el ámbito local y autonómico de empleabilidad pública, ha convocado hasta 40.000 plazas, incluyendo la renovación de plantillas en el Ejército, la Policía Nacional o la Guardia Civil, por ejemplo. Y, en este caso, el mayor cupo corresponde a una oferta extraordinaria e histórica que el Gobierno ha presentado, para su aprobación por decreto, en plena campaña electoral. Nunca hasta ahora se había convocado tanta oferta de empleo estatal, y nunca se había hecho con un carácter electoralista tan evidente.

Las administraciones públicas deben contar con plantillas no solo correctamente preparadas para incrementar su eficacia en el servicio al ciudadano, sino para que la tasa de reposición del empleo público impida un deterioro de ese servicio. Una Administración que no funciona, o que lo hace de modo deficiente, empobrece a todo el sistema democrático. Por eso es lógico que la Administración esté bien pertrechada de efectivos con un gran nivel de profesionalización.

Sin embargo, es frecuente la tentación de inflar la empleabilidad pública porque en términos globales incide en la creación de empleo y termina maquillando lo que no es sino un error: el de no acometer políticas fiscales que permitan al sector privado, a las empresas en definitiva, crecer y por ende generar empleo neto de mayor calidad. Eso es lo que le ha pasado al Gobierno de Pedro Sánchez, que ha creado casi la mitad de empleo privado que en la etapa del PP, llegando incluso a la conclusión de que casi un 40 por ciento del trabajo creado durante esta legislatura es público. Conviene poner los datos en contexto para demostrar por qué el triunfalismo del Ejecutivo en ese sentido es sobreactuado.

Si Sánchez no consiguiera una mayoría suficiente para seguir gobernando, lo habrá hecho dos años menos que Rajoy. Aun así, es muy probable que cuando concluya el segundo trimestre de este año, se habrá logrado un crecimiento de empleo amplio, de 1,5 millones, una cifra inédita y positiva, tan inédita como alcanzar los 3,5 millones de funcionarios. Sin embargo, la otra cara de la moneda no es tan positiva: algo más de uno de cada tres de esos empleos será público, al que accederán bolsas ingentes de interinos. La consecuencia realista de estas decisiones es que la hipoteca global para el gasto público que dejaría al nuevo Gobierno se habrá incrementado exponencialmente, y por lógica debería ser el empleo privado el que conviene potenciar para lograr más tasa de crecimiento.

Que se utilice el empleo público como argumento para maquillar las cifras globales, y que además siga existiendo una enorme opacidad respecto al número de ‘fijos discontinuos’ que objetivamente pasan buena parte del año en paro real, no deja de ser un engañoso método de hacerse trampas al solitario. El reto del nuevo gobierno, sea cual sea el que salga de las urnas, debe ser recuperar una tendencia eficaz de creación de empleo en el sector privado, porque es el que aportará calidad real al crecimiento y la recuperación frente a la pura estadística.