Una dimisión imprescindible

Ni Sánchez ni Montero podrán decir que no estaban avisados de los riesgos de reducciones de condena que iba a provocar la ley del ‘sí es sí’. El CGPJ lo advirtió en su informe, pero la ofuscación sectaria de Igualdad y el seguidismo del Consejo de Ministros –Interior, Justicia y Administraciones Públicas son copatrocinadores– vetaron la modificación de las penas del proyecto, cuyo paso por el Parlamento fue un mero trámite. Otros órganos consultivos hicieron sus críticas al anteproyecto y Montero ocultó sus sensatas objeciones convirtiendo el texto en un despropósito carente de la mínima técnica jurídica. Incluso el informe del Consejo Fiscal firmado por Dolores Delgado aleccionaba al Gobierno de la reducción de penas que se produciría en los casos más graves de agresión sexual.

Ahora, las responsables directas de la benevolencia de la ley con abusadores y agresores sexuales se revuelven atacando a los jueces españoles, a los que tachan de machistas y reaccionarios, de no estar formados y de sabotear los objetivos feministas. Nunca una condición ministerial ha caído a una profundidad tan abisal como con Irene Montero. Su presencia en el Gobierno de España es un insulto al Estado de Derecho y sus ataques a los jueces, una agresión que debe sonrojar en Bruselas, donde antes o después se encenderán las luces rojas sobre las injerencias políticas en el Poder Judicial. Montero pide reeducar a los jueces con un discurso más propio de un sistema totalitario que de la ministra de un gobierno democrático y europeo. Pero lo piensa de verdad y sus ataques a los jueces son fiel reflejo de cómo quiere Unidas Podemos que sea España: un régimen sin el contrapeso de la independencia judicial.

Es lógico que el CGPJ y todas las asociaciones judiciales hayan protestado por las acusaciones de Montero y otros portavoces de Unidas Podemos, pero no basta. La presencia de Montero en el Gobierno es insostenible. Tras el fracaso de su ley, y en vez de hacerse la víctima de una fantasmagórica confabulación de los jueces contra ella, Montero debe dimitir porque ella es la causante de este estropicio. Y si no lo hace, Sánchez debe destituirla. De lo contrario tanto él como todos los demás ministros serán solidariamente responsables de este feroz ataque desatado contra la separación de poderes. Y es la ocasión para que el fiscal general del Estado haga honor a la función que le asigna la Constitución de proteger la independencia de los tribunales, porque lo que ha hecho Montero desde su púlpito ministerial, pero sin inviolabilidad parlamentaria, es calumniar a jueces que aplican su ley y tacharlos implícitamente de prevaricadores.

Este Gobierno es alérgico a la independencia judicial, pilar de cualquier Estado democrático y principio que quiere subyugar para despejar el camino a una especie de nuevo régimen en el que los derechos, las libertades y las garantías procesales, como la retroactividad de la ley penal más favorable, sean papel mojado frente a su programa totalitario.