Degradación institucional

Ayer ABC denunciaba cómo el Gobierno ha rescatado un informe jurídico de la etapa de Rodríguez Zapatero para tomar el poder absoluto en RTVE. Hoy este diario va más allá y recuerda cómo en 2011 los letrados del Congreso advertían de que era abusivo otorgar poderes ejecutivos a cualquier presidencia interina del ente público –como acaba de hacer con Elena Sánchez–, y más aún si la maniobra se acometía con un cambio de los propios estatutos como coartada para enmendar la ley que regula el funcionamiento de RTVE. Es una de las especialidades de este Ejecutivo, la de tomar atajos con presunción de legitimidad legislativa para poner en marcha mecanismos de control político allá donde le interese. Con el CIS ocurre exactamente igual. Nunca su manera de proceder, su prefabricación de encuestas sin suficiente base científica, y su sumisión al Gobierno fueron tan notorias. Y algo similar se produce, por ejemplo, en el Consejo de Estado, donde el Gobierno acaba de designar nueva presidenta del organismo a Magdalena Valerio, quien fuera ministra de Trabajo con Pedro Sánchez. En este caso, es la cualificación de Valerio lo que devalúa la cúpula del máximo órgano asesor de cualquier Gobierno.

El resultado en todos los casos es el mismo. Se copan los cargos con personas afines que se limitarán a cumplir un papel de mera obediencia y se desvirtúa la propia institución que lo tolera. La limpieza de la democracia debería ser argumento suficiente para que los funcionarios que conforman cada una de esas instituciones no miren para otro lado, asumiendo cualquier decisión política como si fuera un peso forzoso en su mochila profesional. Se ha normalizado la degradación de las instituciones y a lo largo de ese proceso de decadencia funcional dejan de ser útiles. Dejan de gozar de la representatividad, la imagen y la reputación de la que realmente deberían gozar. Y eso tiene un alto coste en términos de transparencia, eficacia y respeto por la legalidad. Así, por ejemplo, no es extraño que RTVE haya perdido buena parte de su audiencia total durante esta legislatura. Si la percepción generalizada es que ha dejado de ser un servicio público para convertirse en un comisariado, el ciudadano le da la espalda. Y con el CIS, de nada sirven ya las excusas que pone José Félix Tezanos, ni su engañoso manejo de la realidad: no es cierto, como sostuvo días atrás, que en veinticinco procesos electorales la previsión del CIS haya fallado en una sola ocasión. Con más autocrítica desde el corazón mismo de esas instituciones, de su mismo funcionariado, las alertas preventivas sobre su propia descomposición serían mucho más eficaces. Y no habría que lamentar tanto daño democrático 'a posteriori', cuando ya parece irreversible.