Defender la libertad de prensa

El compromiso con la libertad de prensa no puede ser moneda de cambio en el marco de la política internacional. Su defensa y custodia es una de las prioridades fundamentales de cualquier democracia y la protección de los derechos civiles no debería admitir ninguna fisura. El significado de esta votación resulta aún más preocupante si atendemos a algunos acontecimientos recientes protagonizados por el Gobierno de España.

La semana pasada supimos por boca de Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE, que de forma inminente se creará un comité contra la desinformación provocada, según sus palabras, por los bulos de la derecha. Que un diputado con responsabilidad orgánica dentro del partido de gobierno se pronuncie en tales términos no deja de resultar inquietante para quienes de forma diligente y enteramente libre aspiramos a informar. Este comité antibulos no es un precedente único, ya que en distintas ocasiones hemos visto cómo algunos políticos han reprobado, a veces incluso nominalmente, a periodistas y profesionales de la comunicación de trayectoria intachable.

Recordemos que, en abril de 2020, el general de Brigada de la Guardia Civil José Manuel Santiago afirmó, en lo que se justificó como un lapsus verbal, que su Cuerpo trabajaba para minimizar ese clima contrario a la gestión de la crisis por parte del Gobierno. En lo que también se propuso interpretar como un comentario informal, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, sugirió dedicar un espacio para la información pública en los telediarios. Sobre el constante señalamiento y hostigamiento a periodistas, el que fuera vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, cuenta con un nutrido historial y en no pocas veces ha optado por señalar, de forma directa, a algunos profesionales.

La prensa libre no es sólo una institución imprescindible para la democracia sino que, desde hace al menos dos siglos, se ha destacado como el único instrumento eficaz para limitar los abusos del poder político y para procurar una deliberación pública fundamentada en los hechos. Cualquier límite o coacción desde los poderes públicos debe generar una justificada alerta. En nuestro país, el acceso a una información veraz y su difusión no es un adorno sino que es una garantía consignada explícitamente en el artículo 20 de nuestra Constitución. Sólo una prensa libre, arbitrada por la búsqueda de la verdad y el ejercicio responsable de la profesión, puede garantizar este derecho inalienable