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Editorial

Correos no puede fallar

Al estar en juego el correcto ejercicio de un derecho fundamental, Correos no debe escatimar en medios para garantizarlo

Editorial ABC

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La fecha escogida por Pedro Sánchez para el adelanto electoral –el 23 de julio próximo, en medio del periodo estival en que los españoles acostumbran a disfrutar de sus vacaciones– ha provocado sorpresa y preocupación por la incidencia que las altas temperaturas pueden tener en la votación. Que esta cuestión no es baladí lo demuestra el hecho de que la ley electoral de Andalucía, región que registra las más altas temperaturas del país en esa época del año, impide expresamente la convocatoria de votaciones entre los días 1 de julio al 31 de agosto.

Pero qué duda cabe de que el mayor desafío desde el punto de vista de la organización y la logística del acto electoral corresponde a la empresa de Correos, encargada de hacer posible el derecho de los españoles al voto postal. Desde el momento mismo de la convocatoria, los sindicatos de esta empresa estatal, que llevan meses enfrentados con la dirección de la misma por los errores de estrategia y gestión de la compañía, postergaron sus demandas y se centraron en reclamar la imprescindible contratación de personal adicional y la dotación de recursos para poder garantizar el voto por correo.

Y es que, al estar en juego el correcto ejercicio de un derecho fundamental en democracia, Correos no puede fallar en esta ocasión, porque está en sus manos la credibilidad del Estado. Sus directivos no deben escatimar en medios para que el flujo de la documentación desde sus oficinas a los domicilios, y de éstos a sus dependencias, sea lo más expedito y seguro posible. El Gobierno, a través del Ministerio del Interior, debe garantizar, además, que los carteros puedan desempeñar su trabajo con plenas garantías de seguridad, sobre todo después de los gravísimos hechos que se investigan en Melilla, donde varios repartidores fueron asaltados para robarles la documentación y se investiga la existencia de una trama de compra de votos destinada a adulterar la voluntad democrática. Afortunadamente, la integridad del sistema parece haber quedado a salvo por las decisiones adoptadas oportunamente por la Junta Electoral. Esta decidió el pasado jueves que, como una manera de reforzar las garantías, el voto postal a nivel nacional sólo podrá ser entregado por el ciudadano que solicitó la documentación o por una persona autorizada expresamente por éste.

Este desafío sorprende a Correos inmersa en un proceso de reorganización de su cúpula, en un momento en el que el foco está puesto sobre la cuestionable gestión de su presidente, José Manuel Serrano, cuyo máximo antecedente de gestión era haber sido jefe de gabinete de Pedro Sánchez. Desde hace menos de un año, la empresa ha dado luz verde a varios nombramientos que contarían con el visto bueno de la SEPI y del Ministerio de Hacienda. En concreto se ha reforzado su equipo directivo con cuatro nuevos perfiles procedentes de empresas externas.

Hoy también sabemos que la dirección de Correos ha accedido a contratar 10.000 personas para reforzar el voto por correo. Es casi el doble de lo que había previsto originalmente. El martes pasado, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que presidió Correos entre 2000 y 2003, aconsejó a la actual dirección que hiciera caso a las peticiones de los sindicatos, y parece que Serrano así lo ha hecho. Este volumen de contratación no tiene precedentes en la empresa, que quiere así garantizar el servicio con todas las garantías. También se baraja la posibilidad de ampliar horarios, abrir incluso en fin de semana y reforzar las oficinas de las zonas turísticas con el fin de que el derecho a voto quede garantizado.

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