Correctivo a los presupuestos

Hay una discrepancia mayor, además, entre los baremos del Ejecutivo y los del Banco de España en torno a la inversión que se registrará en los próximos meses. Mientras el Gobierno cree que la inversión en bienes de equipo –el principal vector para medir esta actividad– aumentará un 9,5 por ciento, la institución que dirige Pablo Hernández de Cos cree que esta apenas será del 1,7. A diferencia de lo que sucedió en la anterior crisis, cuando la inversión pública prácticamente desapareció de los Presupuestos del Estado por mor del ajuste fiscal, el Gobierno de Pedro Sánchez cuenta con el auxilio de los 140.000 millones que concedió la UE para recuperarnos de la pandemia. Pero el Gobierno sigue sacando cuentas poco realistas sobre su capacidad de gestionar estos fondos y lograr que se infiltren en la economía española, un aspecto sobre el cual hay sombras de duda y algunos indicadores decepcionantes.

Una de las consecuencias indeseadas de los Presupuestos de Pedro Sánchez es que representan una sentencia de muerte para cualquier intento de celebrar un pacto de rentas en España en este momento. Sobre todo, la subida del 8,5 por ciento de las pensiones, que no sólo pone en cuestión la sostenibilidad de las cuentas públicas y, por ende, del sistema de las pensiones, sino que significa abrir las compuertas para los llamados 'efectos de segunda vuelta de la inflación' contra los que tanto ha advertido el Banco Central Europeo. En menor grado influye también el reajuste salarial de los funcionarios y empleados públicos, superior a las subidas que se están registrando en el sector privado, y el aumento del gasto en general. El problema de los 'efectos de segunda vuelta' es que perpetúan la inflación y crean un círculo vicioso de subidas salariales, porque cambian las esperanzas de la población. Estas últimas constituyen las llamadas expectativas. Mientras los bancos centrales intentan mantenerlas ancladas, la política fiscal, como se ve, no hace más que moverlas de sitio.

El gobernador del Banco de España es quien más ha insistido en los beneficios que tendría un pacto de rentas que moderara los márgenes empresariales, los salarios y el gasto del sector público, recordando los Pactos de la Moncloa de 1977. Esto hubiese permitido repartir de manera más equilibrada los sacrificios y abreviar la duración del flagelo inflacionario que estamos padeciendo. Sin embargo, se ha optado por eludir el pacto y la concertación y dejar que cada uno tire por su lado. Dado que los asalariados del sector privado son el punto más débil en esta ecuación, por detrás de los empresarios, que ya acusan el deterioro de sus márgenes, la mayor parte del ajuste recaerá sobre ellos. Lo más extraordinario es que ha sido justamente el Estado el que ha mostrado nula propensión al acuerdo y se ha mostrado más insolidario con los demás, precisamente con la excusa de serlo con los pensionistas.