Una consulta que adultera la ley

La iniciativa es hija directa de un contratiempo: el dictamen unánime de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que autorizó la opa tras un exigente análisis. Esa unanimidad ha privado al Gobierno de una coartada para obstaculizar la operación. Incluso el consejero Pere Soler —nombrado a propuesta de Junts y uno de los cinco nuevos vocales elegidos en diciembre para adecuar el perfil ideológico del organismo al gusto de la coalición de investidura— se vio forzado a respaldar el dictamen, al no encontrar base para oponerse a los argumentos técnicos de sus compañeros. Ese consenso técnico, incómodo para Moncloa, ha obligado a buscar una vía paralela.

Lo que permite la Ley de Defensa de la Competencia, tras la autorización de la CNMC, es que el Consejo de Ministros valore la opa atendiendo a criterios de «interés general» distintos a los de competencia. Estos son seis y están perfectamente definidos: defensa y seguridad nacional, salud pública, libre circulación de bienes y servicios, medio ambiente, promoción de la I+D y objetivos de regulación sectorial. El margen de maniobra es, por tanto, claro y tasado. Sin embargo, el Gobierno ha optado por abrir una consulta pública —mecanismo previsto para ciertas iniciativas legislativas— que no tiene encaje en una resolución que compete en exclusiva al Consejo de Ministros y cuya naturaleza no admite ejercicios de democracia deliberativa.

En derecho público, rige un principio esencial: los poderes públicos solo pueden hacer aquello que la ley les autoriza expresamente. Todo lo demás está vedado, precisamente para limitar el abuso de poder y preservar la seguridad jurídica. Esta consulta pública, sin base legal ni efecto vinculante, no es más que un atajo político que desdibuja ese principio y consolida una tendencia peligrosa: convertir decisiones técnicas o patrimoniales en debates ideológicos o territoriales.

La politización de esta opa no comenzó con la consulta. Arrancó cuando el consejo de administración del Sabadell, en un gesto simbólico sin efectos prácticos, decidió sorpresivamente devolver la sede social del banco a Cataluña. Aquella maniobra buscaba cobijo político en el PSC de Salvador Illa y en el partido de Carles Puigdemont. Con ello, el banco cedió a un interés político, no empresarial. Ahora, el Gobierno redobla ese enfoque al negar a los accionistas del Sabadell, legítimos propietarios de la entidad, su derecho a pronunciarse libremente sobre una oferta que lleva meses en el aire.

Casi un año después de formulada, la opa sigue encallada por motivos ajenos a su viabilidad financiera o a su impacto competitivo. El resultado es una suerte de expropiación institucional del derecho de los accionistas a decidir sobre su patrimonio. El Ejecutivo, en lugar de velar por el interés general y por la estabilidad del sistema financiero, ha decidido usar esta operación como tablero político. Y, al hacerlo, erosiona la confianza de los inversores, contamina la independencia de los reguladores y sitúa la seguridad jurídica bajo sospecha.