Los hechos comienzan a hablar

El secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, estampó su firma manuscrita en el acuerdo con Junts per Catalunya, un documento en cuya página tercera, párrafo quinto, se mencionaba de forma explícita el concepto de 'lawfare'. Siete horas después, y aun cuando el texto era ya de dominio público, Cerdán afirmó que había que «leerse bien el párrafo» y negó una literalidad que resultaba perfectamente legible a ojos de cualquier persona. Esa disociación entre lo firmado y lo posteriormente defendido, es una prueba más de la problemática relación que guardan la palabra del presidente del Gobierno y sus más íntimos colaboradores con los hechos.

El registro de estas iniciativas de investigación reviste una notable gravedad por cuanto estas comisiones pretenden, explícitamente «conocer el detalle de la implicación de las instituciones del Estado en las presuntas intromisiones ilegales llevadas a términos sobre líderes políticos, instituciones y otras personas». Asumir como supuesto de partida que el Estado ha podido incurrir en estrategias apartadas de la legalidad a la hora de defender sus legítimos intereses es una acusación de suma importancia que requeriría, para poder plantearse, contar con una batería de indicios o pruebas que pudieran dar razón de una sospecha de tanto calado. En cualquier caso, y esto es lo más determinante, la separación de poderes que distingue a los Estados democráticos plenos exige no sólo la independencia del poder judicial del legislativo, sino que la labor de los jueces debe estar especialmente protegida de cualquier influencia, interferencia o sesgo que pudiera inducirse desde el ámbito político. Por este motivo, será competencia exclusiva del poder judicial depurar cuantas irregularidades pudieran haber acontecido en su seno, siempre con arreglo a las preceptivas garantías procesales y sin menoscabar la independencia de nuestros jueces.

Los pactos firmados por Sánchez determinaron el debate de investidura y comienzan a lastrar el arranque de la legislatura a las pocas horas de dar comienzo el nuevo ciclo político. La práctica totalidad de los operadores jurídicos de nuestro país han alertado del riesgo que suponen los acuerdos del PSOE con sus socios y no ha habido que esperar un día para constatar que la preocupación estaba más que fundada. El relato del Gobierno y sus corifeos es que Junts o ERC han asumido el marco constitucional. Nada más lejos de la realidad. A la vista de estos primeros compases, puede constatarse que los aliados del Partido Socialista serán perfectamente puntuales en el cumplimiento de su hoja de ruta. Un plan que, por cierto, sólo ha ocultado Sánchez ya que tanto EH Bildu, como Junts, ERC o el PNV han expuesto con prístina claridad su oposición a algunos de los principios fundamentales de nuestro marco legal y de convivencia