Blanqueo con dinero público

En su momento, el Ejecutivo formado por el PSOE y Podemos justificó la ayuda argumentando que Plus Ultra era una empresa crítica para la conectividad aérea de España con Latinoamérica, en particular con países como Venezuela, y que estaba en riesgo de quiebra debido a la caída del tráfico provocado por la pandemia. Sin embargo, la aerolínea era pequeña, con una flota de solo dos aviones y una cuota de mercado mínima en España. Su volumen de pasajeros era reducido en comparación con otras aerolíneas más grandes que no recibieron ayudas. Hubo sectores políticos que señalaron que la compañía tenía relaciones con personas cercanas al régimen de Nicolás Maduro, lo que generó sospechas sobre la motivación del rescate.

En enero de 2023, un juzgado de Madrid archivó la investigación sobre el rescate iniciada a partir de las querellas contra la SEPI por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, delito contra la Hacienda Pública, cohecho y tráfico de influencias, que presentaron PP, Vox y Manos Limpias en abril de 2021. Ni siquiera se llamó a declarar a los responsables de la sociedad estatal ni al representante de la compañía porque la Audiencia Provincial de Madrid revocó la imputación de Plus Ultra al entender que la acusación se formuló fuera del plazo procesal, una vez que la instrucción ya había caducado.

Ahora, la investigación de la Fiscalía Anticorrupción ha descubierto que Plus Ultra figura como firmante y beneficiaria de contratos de préstamos con tres sociedades de la presunta organización criminal asentada en Francia, Suiza y España. Estas empresas pantalla están implicadas en el tráfico de oro del Banco de Venezuela y de recursos públicos del programa para proporcionar alimentos a los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) de ese país. Uno de los hallazgos más relevantes de los investigadores tiene que ver con que las supuestas operaciones de blanqueo se realizaron en fechas consecutivas a la recepción de la ayuda pública librada por el Estado español.

La indagación, sin embargo, no ha conseguido ser judicializada a pesar de los intentos de la Fiscalía Anticorrupción porque los jueces de la Audiencia Nacional consideran que el delito de blanqueo está fuera de su jurisdicción y no se ha cometido en España. Anticorrupción está bastante sola en este caso, porque ni la Fiscalía General, ni la Abogacía del Estado, mostraron interés en que la investigación siguiera adelante en el caso de la SEPI. Este peloteo entre tribunales ha hecho perder un tiempo precioso para llegar a las fuentes de prueba y poder determinar qué destino se dio a los fondos públicos en este caso.