Un año subido en su muro

Desde ese día, la única lógica política del Gobierno de Sánchez ha sido mantener el «somos más», cuya materialización le ha supuesto al sistema constitucional, en un solo año, un deterioro difícilmente reversible sin un cambio de gobierno con políticas que apliquen profundos cambios de renovación en las instituciones. Por supuesto, hubo pacto de investidura, cuya máxima expresión de falta de escrúpulos y de la mínima ética y vergüenza fue la negociación del PSOE con Puigdemont en Ginebra y con un mediador internacional. Con esta concesión, el PSOE consumó la estrategia diseñada por Rodríguez Zapatero. El expresidente socialista propuso en 2004 un cordón sanitario en torno al PP; y Sánchez, desde el 23-J, ha levantado un «muro», porque solo con una división de los españoles es viable para un partido que se dice socialista basar su gobierno en acuerdos con nacionalismos de aspiraciones medievales, incompatibles con el principio de igualdad y con el concepto mismo de ciudadanía democrática.

Los pactos de investidura con PNV, ERC y Junts diseñaron una mutación del orden constitucional de 1978 por un sucedáneo confederal, inviable en buena parte de sus propuestas, pero revelador de una convicción socialista: Sánchez no iba a pedir a nadie que le apoyara una mínima lealtad constitucional. El Gobierno ha enmarcado en la ausencia de escrúpulos democráticos de su presidente una tolerancia absoluta a los ataques insólitos a la Corona, a los jueces y a los medios de comunicación. Ataques provenientes incluso de partidos de la coalición de gobierno y de ministros elegidos por Sánchez. La frialdad con la que el líder socialista está rompiendo el funcionamiento de las instituciones es proporcional a su obsesión por el poder y a la determinación que muestra por anular los instrumentos de control democrático, empezando por el TC y siguiendo por la judicatura y la prensa independiente. Si no lo consigue no será porque no lo pretenda, sino porque la democracia española aún conserva resortes de resistencia, no precisamente en el TC, donde Conde-Pumpido, el gran socio de legislatura para Sánchez, ejecuta a rajatabla la misión que se le encomendó.

El verdadero problema de esta forma de gobierno, cada día más autocrática e iliberal, es que acabe normalizándose en la vida de los ciudadanos, tan hartos de su clase política que mueven sus respuestas entre la indiferencia cotidiana o la ira ocasional, como sucedió en Paiporta. El riesgo que corre España es perder su tensión democrática, desactivarse como sociedad política, renunciar a exigencias éticas elevadas y sucumbir a la división sectaria del «somos más», en vez de reclamar un «somos todos».