Editorial
Una Justicia acorralada
O el PSOE controla cada resorte de la Justicia sin disidencia alguna, o quien se opone y planta cara a esta ofensiva se alinea con tesis extremistas de la derecha y levanta muros
El año que concluye bien podría llamarse el año del acoso definitivo a la Justicia. Enumerar la larga lista de episodios inéditos ocurridos en 2023 de manera concatenada, y coordinada, sólo puede abocar a una conclusión: el Gobierno se ha propuesto ejercer un control absoluto sobre todas las instituciones ... , y el único dique de contención que le queda como resistencia frente a sus abusos y concesiones al separatismo es el de los tribunales. En este 2023 se ha producido 'la primera vez' de muchas cosas, y el relato del Gobierno se ha limitado a tratar de normalizar lo que es anómalo. Nunca hasta ahora un partido de gobierno había acusado a los jueces de «fascistas», «ultramontanos» o «machistas» por limitarse a aplicar una ley penal mal diseñada y peor ejecutada como la del 'sí es sí'. Nunca hasta ahora un fiscal general había sido acusado de «desviación de poder» por el Tribunal Supremo con su política de nombramientos al servicio del Gobierno y el amiguismo. Nunca hasta ahora se había anulado el ascenso, arbitrario y por decreto, de una fiscal como Dolores Delgado a la cúpula de la carrera fiscal tras haber sido ministra de Justicia, y promocionada por su antiguo subordinado y amigo. Nunca hasta ahora un ministro había pasado directamente de la mesa del Consejo de Ministros a un cargo decisorio del Tribunal Constitucional. Nunca hasta ahora se habían predeterminado tan claramente los resultados de las votaciones del TC, cuyo presidente es un antiguo fiscal general del Gobierno socialista con un férreo control ideológico sobre cualquier estructura de su Tribunal. Y nunca hasta ahora el Consejo General del Poder Judicial había doblado su mandato por la negligencia e incapacidad de PSOE y PP.
Tampoco las asociaciones de jueces y fiscales, de uno y otro signo ideológico, o la Sala de Gobierno del Supremo, o muchas juntas de jueces y decanatos, o el propio CGPJ, habían redactado nunca comunicados tan drásticos como los de este año en defensa de su independencia, autonomía, profesionalidad y dignidad. Porque lo cierto es que nunca antes la Justicia había sido atacada como hasta ahora, y nunca antes se tuvo que pedir a La Moncloa y al Congreso «déjennos en paz», como hizo recientemente el presidente del Consejo, Vicente Guilarte. Jamás antes se habían firmado por parte del partido en el Gobierno pactos de legislatura con Junts o ERC en los que expresamente se concede el 'lawfare' en forma de 'vendetta' de los delincuentes contra quienes los sentenciaron. Nunca Europa había tenido que abrir un proceso para examinar el funcionamiento del Estado de derecho en España con indagaciones sobre la separación real de poderes o la independencia judicial. Nunca antes se había ninguneado a órganos consultivos como el CGPJ o el Consejo Fiscal para emitir dictámenes sobre algo tan excepcional como una ley de amnistía. Y menos aún, se habían producido señalamientos directos a jueces concretos desde la tribuna del Congreso. Ni se había exigido una revocación de facto de sentencias como la del 'procés', o se había dado trato oficial de 'president' a un huido de los tribunales.
Ningún Gobierno había amenazado con una reforma de la ley orgánica del Poder Judicial para forzar la renovación del CGPJ con la mayoría absoluta del Congreso y no de sus tres quintas partes, como establece la Constitución. Esto lo planteó el PSOE en 2021 y lo han vuelto a sugerir sus socios en 2023. Y menos aún un partido de gobierno había hecho caso omiso a la recomendación de Bruselas de que doce de los veinte miembros del CGPJ sean elegidos por los jueces y entre los jueces. Si a este panorama se suman las huelgas de sectores determinantes del sistema como los letrados de la Administración de Justicia; o las protestas de los jueces a la puerta de sus juzgados –una imagen no vista antes–; o el atasco permanente de juzgados; o la presunción de que los jueces deben comparecer ante comisiones parlamentarias diseñadas como procesos de señalamiento y humillación, no puede negarse que la Justicia se ha convertido en pieza de caza.
El discurso del Gobierno se deslegitima por sí solo. No es cierto que la obsesión de la izquierda por hacer limpieza ideológica en la judicatura sea una necesidad democrática en pro de la pluralidad y el progresismo. La realidad es que o el PSOE controla cada resorte de la Justicia sin disidencia alguna, o quien se opone y planta cara a esta ofensiva se alinea con tesis extremistas de la derecha, levanta muros antidemocráticos y crea cordones sanitarios contra la convivencia. Y sobre esa falsedad, 2024 llega con la Justicia más debilitada en 45 años de democracia, y con su independencia más amenazada que nunca.
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