La educación pública de las élites

En todo grupo de personas existe una minoría especialmente capaz y los cargos de mayor responsabilidad en una comunidad también son finitos. Socialmente podemos preguntarnos si queremos que cualquier ciudadano tenga iguales oportunidades para acceder a esas posiciones y capacidades, y mi respuesta vuelve a ser afirmativa. Los datos de selectividad en Madrid del año pasado demuestran que la media más alta la ha conseguido el IES San Mateo, un instituto público de excelencia. Este dato evidencia que cuando hay voluntad y fondos, la administración puede formar mejor que cualquier centro privado. Y, sin embargo, la segregación por renta cada vez se impone con más fuerza en los procesos que determinan el acceso a los puestos de mayor influencia y retribución futura.

España estaría fracasando si delega la educación de su élite en centros privados y, sobre todo, estaría desatendiendo a los ciudadanos más humildes si las instituciones públicas renuncian a desarrollar plenamente sus capacidades. A la educación pública se le pide ser un ascensor social, un instrumento nivelador, una institución facilitadora de la conciliación… pero no se le procuran los medios suficientes para ejercer otra función estratégica: ser el lugar donde un país forma y cultiva de forma igualitaria a quienes tomarán decisiones determinantes en el futuro, independientemente de cuál sea su origen. Las élites seguirán existiendo: la pregunta fundamental es si queremos generar protocolos de acceso equitativos a esa minoría o si preferimos conformarnos con una educación pública de 'café para todos'. Las clases económicamente favorecidas tienen recursos para optimizar, dopar (e incluso simular) las capacidades de sus hijos, pero esa misma potestad la debería tener cualquier español a través de la educación pública. También si su hijo es excelente. Por aprecio y respeto a esa excelencia pero, sobre todo, por el bien de nuestro propio país.