El día de la marmota

Mientras usted y yo revisamos la presión de las ruedas o nos abrochamos el cinturón con naturalidad, ellos se sirven la última copa, se colocan, arrancan y se lanzan a la carretera como si nada. El problema es que no van solos. Van con nosotros. Y con nuestros hijos. Y la respuesta institucional, año tras año, es una mezcla de pasividad, burocracia y frases vacías. Nos hablan de campañas de concienciación, de radares, de estadísticas que mejorarán «a largo plazo». Pero no hay un sistema eficaz de seguimiento de reincidentes, no hay penas ejemplares ni vigilancia real sobre quienes han demostrado desprecio por la vida. La reincidencia en delitos contra la seguridad vial es una realidad alarmante que parece invisible a ojos de quienes podrían frenarla. Y no es por falta de datos. Más del 50 por ciento de los conductores fallecidos en siniestros dan positivo en alcohol o drogas. Muchos ya habían sido sancionados antes, algunos en siniestros previos. Y sin embargo, seguían en la carretera, como si nada. ¿Y qué pasa después? Lo de siempre. Tragedia. Dolor. Portadas durante dos días. Silencio administrativo. Hasta la siguiente víctima. Es el día de la marmota versión tráfico: todo se repite, salvo la respuesta política.

¿Qué más tiene que pasar para que la reincidencia en delitos viales se trate con la seriedad de otros ámbitos? ¿Por qué toleramos que alguien que ha demostrado ser un peligro público vuelva a tener acceso a un vehículo? ¿Dónde está el registro estatal de reincidentes? ¿Dónde las penas proporcionales, la vigilancia efectiva y la intervención desde la Justicia o sanidad?

El problema es que la violencia vial ha desaparecido de la agenda política. Y sí, lo llamemos como lo llamemos, esto es violencia. Y los reincidentes no son simples imprudentes: son violentos habituales a los que el sistema les permite reincidir.

La conducción bajo los efectos del alcohol o las drogas no es un error: es una decisión. Repetida. Consciente. Y cuando se repite, se convierte en una forma de violencia normalizada, casi tolerada por la inacción de quienes deberían protegernos. No puede ser que las víctimas sigan siendo las únicas que pagan las consecuencias, mientras los culpables reinciden sin control y las instituciones se excusan. No puede ser que se castigue más a quien aparca mal que a quien reincide en conducir borracho o drogado.

Nos enfrentamos a una dejación institucional, a un sistema que ha asumido como «tolerable» la pérdida de vidas en carretera. Pero la movilidad solo es un derecho si se garantiza también el derecho a la vida. Y ya es hora de exigir que se actúe con el mismo rigor que se exige en otros ámbitos de la seguridad pública.

Falta decisión, valentía y respeto hacia quienes ya no pueden alzar la voz para pedir justicia. Porque los muertos no votan pero sí merecen memoria. Y los que aún estamos aquí también merecemos vivir sin miedo a compartir la carretera con quien ya ha demostrado que no debería estar ahí. La violencia vial no se combate con eslóganes. Se combate con decisiones, con leyes, con seguimiento, con firmeza. Y eso sigue brillando por su ausencia.