Contra el recorte

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LOS recursos judiciales de los funcionarios contra el recorte de sus nóminas amenazan con colapsar la Sala contencioso administrativa de la Audiencia Nacional, ante la que ya se están presentando numerosas impugnaciones por este motivo. Se trata de una respuesta legítima de quienes se sienten perjudicados por una medida lesiva de sus derechos económicos y, además, demuestra al Gobierno que sus decisiones siempre tienen un coste, social, político o jurídico. Los recursos se están interponiendo por funcionarios a título personal y por asociaciones y sindicatos. En definitiva, está formándose una litigiosidad, con un telón de fondo político, que deberán resolver los jueces. Y no será la primera vez que lo hagan. El primer Gobierno del PP congeló en 1997 los salarios públicos, como parte de una estrategia general de medidas económicas —a diferencia de lo que ha sucedido ahora— cuyo objetivo era salir de la crisis económica que el PSOE había legado a los populares y cumplir contra reloj las condiciones de Bruselas para entrar en la Europa del euro. Ambos objetivos se cumplieron. La primera sentencia, de la Audiencia Nacional, dio la razón a los funcionarios y ordenó al Gobierno que llevara a los presupuestos la subida salarial pactado años atrás. Pero el Tribunal Supremo, años después, anuló la sentencia de la Audiencia y confirmó la legalidad de la congelación, con varios argumentos a favor del Gobierno y del Parlamento como las instituciones con potestad para decidir soberanamente sobre las retribuciones de los funcionarios.

Con este precedente, cabría aventurar que las impugnaciones contra el recorte salarial no tendrán éxito, aunque el problema que no corresponde a los jueces resolver es el político que acompaña a una medida para la que no se estudiaron alternativas menos perjudiciales. Pensionistas y funcionarios —además de dependientes— han pagado a las primeras de cambio las consecuencias de una mala gestión económica.