El chantaje del Gobierno

No puede aceptarse sin más una prolongación del estado de alarma solo porque al Gobierno le resulte así más fácil acallar a los controladores

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EL Gobierno está planteando la continuidad del estado de alarma en el control aéreo como un chantaje moral y político tanto a los grupos parlamentarios como a la opinión pública. Para dar eficacia a esta táctica rechazable, el Gobierno ha renunciado a una resolución del conflicto mediante una negociación laboral, encajando el futuro del problema en la situación de anormalidad que supone un estado de alarma. Es decir, o el estado de alarma o el caos. En efecto, el Gobierno parece empeñado en que no haya alternativa a su propio fracaso, perpetuándolo bajo la vestidura de un acto de firmeza ante los controladores. Sin embargo, el Ejecutivo no puede aspirar a vivir indefinidamente de las continuas descalificaciones a los controladores ni de los juicios insidiosos contra el PP, cada día más demostrativos de las motivaciones políticas que guiaron la actuación del Gobierno. Tampoco de recordar el daño masivo que causó el boicot de los días 3 y 4 de diciembre, porque la falta de medidas específicas que reformen el control aéreo mantiene las condiciones para que se repitan aquellos acontecimientos. Parecería que el Gobierno quiere mantener con vida el conflicto y la amenaza de los controladores para justificarse ante la opinión pública.

La comparecencia de José Blanco hoy en el Congreso debe despejar las incógnitas sobre si el Gobierno va a pedir o no la prórroga del estado de alarma. En caso de que la proponga es imprescindible que la justifique, y esto ha de obligarlo a explicar qué vías legales y de negociación se están siguiendo para resolver de raíz el problema del control aéreo. Lo que no puede aceptarse sin más es una prolongación del estado de alarma solo porque al Gobierno le resulte más fácil este modo de acallar a los controladores que sentarse a pensar planes a medio y largo plazo sobre la navegación aérea. Porque controladores hacen y harán falta, le guste o no al Gobierno. Si muy discutible fue la decisión de decretar el estado de alarma para un supuesto que no es de los previstos en la ley que lo regula, de 1981, pocas dudas caben de que constitucionalmente no hay motivo para prorrogarlo. El Gobierno da la sensación de haberse metido en un laberinto jurídico en que tiene implicadas las jurisdicciones civil, penal, militar y contencioso-administrativa, además de los expedientes disciplinarios laborales, y no sabe salir de él más que huyendo hacia delante con una prórroga de la alarma que sería desproporcionada y seguramente inconstitucional.