Sánchez y Mohamed VI

Desde que Sánchez asumió como presidente en el verano de 2018, Mohamed VI le ha propinado una serie de acciones unilaterales inamistosas o contrarias al Derecho Internacional y a los tratados vigentes entre ambos Estados. Unas francamente inamistosas, como el cierre de la aduana comercial entre su territorio y la ciudad autónoma de Melilla desde el 31 de julio de 2018, sin previo aviso y tras permanecer abierta unos 150 años, de ellos más de 60 desde la independencia de Marruecos. Nuestro Gobierno dejó pasar la oportunidad de defender en buen derecho esa aduana, fundamentando su posición en la existencia de una costumbre internacional de ámbito local y larga data que obligaría a Rabal a mantenerla abierta.

Otras acciones han sido claramente contrarias al Derecho Internacional, como la ausencia de la debida diligencia 'ex ante facto' y 'ex post facto' para evitar o limitar los continuos asaltos violentos y masivos de inmigrantes contra las vallas fronterizas de Ceuta y Melilla. O la avalancha premeditada de más de 10.000 marroquíes, entre ellos más de mil menores, un remedo de la Marcha Verde, que fueron invitados a entrar abrupta e ilegalmente en Ceuta en mayo de 2021. Una violación manifiesta del Tratado de Amistad con España y también de la Convención sobre los Derechos del Niño, que obligan internacionalmente a Marruecos. No incluimos en la lista el espionaje telefónico que sufrieron miembros del Gobierno español, atribuido según fuentes oficiosas al servicio de información marroquí, asunto sobre el que nuestro Gobierno ha guardado un espeso silencio. Espionaje que también alcanzó a Francia y que produjo una crisis en la relación de Macron con Mohamed VI.

Pedro Sánchez siempre ha respondido frente a estas acciones con obsequiosas deferencias hacia Mohamed VI. Caso de la celebración en Rabat, en diciembre de 2024, del Consejo de la Internacional Socialista, de la que es presidente, donde se adoptaron muchas declaraciones y resoluciones, pero guardando un estricto silencio sobre el Sahara Occidental o los presos políticos marroquíes. La inclusión de Marruecos, con España y Portugal, en la organización del Mundial de Fútbol de 2030; quizás una póliza de seguro a plazo, que nos evite sobresaltos mayores hasta después de su conclusión. O la más relevante, el apoyo explícito del Consejo y de la Comisión europeos a las tesis marroquíes sobre el estatuto jurídico del Sahara Occidental, bajo el impulso y la batuta de Francia y España, traducido en la celebración de acuerdos en materia arancelaria, pesquera y aérea que afectaban a dicho territorio. Acuerdos anulados en última instancia por el Tribunal de Justicia de la UE, que ha sostenido que el Sáhara Occidental no forma parte de Marruecos y sigue pendiente de descolonizar.

La cesión más grave la ha protagonizado Sánchez mediante una carta dirigida a Mohamed VI, el 14 de marzo de 2022, a un mes de la agresión rusa contra Ucrania (una casualidad), en la que da un fuerte golpe de timón a la tradicional posición de España sobre el conflicto del Sahara Occidental, consensuada en los años ochenta. Consistía en una difícil neutralidad, que remitía siempre a la solución del conflicto en el marco de la ONU y mantenía una relativa equidistancia entre las partes (Marruecos por un lado y el Frente Polisario y Argelia por otro). La carta supone el abandono definitivo de la causa de la independencia para pasar a defender la tesis de la supuesta autonomía del territorio bajo soberanía marroquí; aunque se alberguen muchas dudas sobre la credibilidad de la promesa de un estatuto de autonomía para el Sahara conocida la historia de Marruecos y su actual régimen político, una monarquía absoluta de manual.

Adviértase que la carta de Sánchez constituye un acto jurídico unilateral que genera obligaciones para España asumidas libre y voluntariamente por el presidente del Gobierno, órgano con capacidad para obligar a nuestro Estado en las relaciones internacionales. Nuestro Estado debe respetar de buena fe ese compromiso en todos sus términos, sin que quepa una futura revocación del mismo salvo en supuestos muy tasados jurídicamente.

Las razones de este conjunto de deferencias y cesiones que se remontan a 2018 nunca se han explicado de verdad. Además, muchos analistas han subrayado la ausencia de contrapartidas relevantes ('do ut des') por parte de Mohamed VI; porque es la práctica habitual en las relaciones internacionales. Trump es un buen ejemplo de lo que se espera de un realista. Todo apunta a la aplicación vergonzante de cánones realistas eminentemente defensivos, con el objetivo por parte de Sánchez de lograr una relativa estabilidad en la frontera sur frente a un vecino reivindicativo y problemático, que goza del favor norteamericano, y que es capaz de desestabilizar su Gobierno usando los flujos migratorios como arma política. Mohamed VI viene aprovechando a su antojo la debilidad parlamentaria, así como las tensiones y contradicciones en el seno de su Consejo de Ministros que Sánchez padece crónicamente.

En el caso de la carta, la conducta de Sánchez se acompaña también de un evidente cesarismo, una forma de ejercicio del poder fundada en su concentración en una persona. Su práctica es compatible en este supuesto con la Constitución, aunque evidencia un déficit de transparencia y calidad democrática. Ningún ministerio participó en el proceso previo de adopción de una decisión personalísima, que se cocinó y sirvió en la Moncloa. Tampoco el Consejo de Ministros. No se informó ni se hizo partícipe al otro partido del Gobierno de coalición. Ni a los partidos que sostenían al Gobierno en las Cortes ni por supuesto al principal partido de la oposición, a pesar de que la carta rompía el consenso en un asunto de Estado. El Congreso quedó marginado, tratándose de un Gobierno sin mayoría parlamentaria. Se prescindió también de cualquier interacción con la sociedad civil. La decisión no fue elaborada, debatida o explicada conforme a los estándares de un régimen parlamentario sustentado en patrones representativos, idealmente reforzados por pautas de conducta deliberativas propias de un Gobierno que se declara progresista.

Es sabido que Trump reconoció en 2020 la soberanía marroquí sobre el Sahara Occidental a cambio del reconocimiento de Israel por parte de Marruecos. Una de sus habituales transacciones en violación del Derecho Internacional, aplicando un realismo y cesarismo a pecho descubierto. Sánchez, más recatado, aplica también prácticas de corte realista y cesarista en las relaciones con Marruecos y el Sahara es la mejor prueba. Pero le pierde su cándido populismo. Parece que nadie le ha advertido sobre el gran contraste y la hipocresía de su defensa de la autodeterminación del pueblo palestino y el reconocimiento de su Estado, mientras abandona a su suerte al pueblo saharaui, cuya causa es evidente que no le resulta políticamente rentable.