¿Una crisis de régimen?

En cuanto al PSOE, cabe preguntarse si todavía milita en el constitucionalismo. Desmantelar el andamiaje legal e institucional de la democracia liberal para cerrar un ejercicio presupuestario con ERC y Bildu parece una claudicación muy barata. Con todo, Sánchez lo ha hecho sin que se escuche una sola voz en su partido. Miento, en el Congreso se oyó una: «¡Sin fisuras!». Si hace un mes fueron los 40 años de la victoria de Felipe González, esta semana un homenaje a Almudena Grandes ha servido de valla publicitaria al gran acto propagandístico del sanchismo. El presidente del Gobierno dijo: «Una de las cosas por las que pasaré a la historia (sic) es por haber exhumado al dictador. Lo que me motivó a hacerlo no solo fue la deuda que tenemos con los familiares de las víctimas, sino también reivindicar el pasado luminoso del republicanismo». El problema dista mucho de poder acotarse en la dipsomanía de ego del presidente y en su necedad historiográfica. Aterra la subsidiariedad de las víctimas, pero se agradece que la exposición sea al fin meridiana: el socialismo vive sentimentalmente en otro siglo y sus lealtades están en otro régimen.

Así, el del 78 es un espacio menguante, pero alguna culpa tenemos también sus valedores. No toda. Hay ligas en las que el constitucionalismo no puede competir: la siesta nostálgica y confortable en un pasado idealizado; la invocación de un futuro de felicidad y superabundancia en una tierra prometida, republicana o catalana. La democracia liberal tampoco puede hablar con la emoción y la inflamación que se permiten los nacionalismos, los populismos. Cuando unos dicen 'patria', ella responde 'ciudadanía'; cuando 'voluntad', ella, 'ley'. Siempre se le hace este reproche: aburre. Y yo me acuerdo entonces de aquello que decía el actor Antonio Gamero sobre los amigos: «Que los entretenga su puta madre».

No, el constitucionalismo no tiene obligación de divertir a nadie, pero sí tiene la responsabilidad de preservar el legado del 78 y continuar su tarea. Está bien conmemorar la fecha en que fuimos nuestra mejor versión como país, y si toda nación necesita unos mitos, yo quiero estos mitos para la mía: la democracia, la reconciliación, la Constitución. El artefacto político que parió la Transición maximizó las libertades y la convivencia en una tierra con un bagaje histórico muy pobre en tales materias. El «pasado luminoso» de la República no es tal: el cielo empedrado del siglo XX español solo clareó en el 78.

Pero la complacencia conduce a la molicie. Hace ya mucho tiempo que España vive de las rentas del 78. Somos un país detenido. El dinamismo del amanecer constitucional se ha venido a tierra, para decirlo con Ortega, como un proyectil que ha cumplido su parábola. Lo que queda hoy es una polarización de bloques, una guerra cultural, una producción legislativa volcada en la política identitaria, un Parlamento entregado al acto performativo y un Gobierno acostado con los enemigos autoproclamados (por la vía declarativa y de los hechos) del Estado.

El daño infligido al país es doble: por un lado, la degradación institucional amenaza el sistema; por otro, el coste de oportunidad de no estar atendiendo los problemas reales, acuciantes, es incalculable. España no ha dejado de perder competitividad en las últimas décadas. No hemos logrado recuperar el PIB previo a la Gran Recesión. Somos, junto con Grecia, el único país de la Unión Europea que ha retrocedido en poder adquisitivo desde 2001. Somos más pobres que hace veinte años. Estados de Asia y del este de Europa, incluso de la antigua órbita soviética, nos superan ya en renta 'per capita'. Seguimos teniendo un paro estructural, especialmente juvenil, impropio de un país desarrollado. La política de pensiones pone en riesgo la continuidad del Estado de bienestar y se diseña bajo el único criterio de fidelizar clientelas.

Descubrimos, al cabo, una verdad que inquieta: si no hay fisuras en la coalición de Gobierno, sí las hay, y profundas, en el buque del 78. Lo que está en juego es una crisis de régimen. A diferencia de la crisis política, en la que el descontento se limita a los partidos políticos, en una crisis de régimen se pone en cuestión la legitimidad de todo el sistema. De las instituciones. Ese es el riesgo en el que incurrimos cuando se echa la culpa a los jueces de una mala reforma legal. O cuando se habla de «justicia patriarcal». O cuando se hacen leyes 'ad personam'. O cuando se da a entender que el cumplimiento de las sentencias es discrecional, porque se quiere excarcelar socios o porque no se quiere soliviantar a los socios con un 25 por ciento de castellano en la escuela catalana. O cuando las negociaciones políticas se llevan a una mesa extraparlamentaria. O cuando se hace un uso patrimonial de las empresas públicas y de los reguladores que deben vigilarnos. O cuando se señala a la prensa. O cuando se convierte el CIS en un instrumento de desinformación. O cuando se premia la obediencia política con una silla en el Tribunal Constitucional.

A estas alturas, solo hay una hoja de ruta que pueda salvar al 78 de la desafección y el marasmo. Me refiero a un proyecto para el que hoy no se conocen adalides y que bien podría resumirse en tres ejes: una propuesta de regeneración institucional que desbroce los cortafuegos que garantizan la separación de poderes, prestigie la Justicia y despolitice lo público; un programa reformista que siente las bases del crecimiento, aborde los problemas de una economía por modernizar y garantice la sostenibilidad del Estado de bienestar sin perder de vista la justicia intergeneracional; por último, una defensa de la nación de ciudadanos, no de territorios o de tribus, fundada sobre la libertad, la igualdad y la solidaridad entre españoles.

Llevamos años hablando de nacionalismo, progresismo, centrismo, populismo, liberalismo, fascismo. Todo ha sido una gran pérdida de tiempo. Lo que necesita el 78 son reformistas.