El coste de una política energética sin red

Desde hace más de una década, la política energética española ha apostado de forma casi exclusiva por el despliegue masivo de fuentes renovables intermitentes (EnRI), como la solar y la eólica. Estas tecnologías, si bien útiles y necesarias en un sistema diversificado, presentan limitaciones físicas insalvables cuando se superan determinados umbrales de penetración en la red eléctrica.

A diferencia de las centrales térmicas, nucleares o hidroeléctricas, las EnRI carecen de inercia mecánica: esa propiedad fundamental que permite al sistema resistir oscilaciones y mantener el equilibrio frecuencia-potencia en los momentos críticos.

El caso de España es paradigmático. A día de hoy, más del 50 por ciento de la capacidad instalada proviene de fuentes renovables, pero sin un respaldo gestionable proporcional. Centrales de gas en desuso, almacenamiento aún incipiente, interconexiones insuficientes y una demanda cada vez más electrificada dibujan un escenario de alto riesgo. Y el pasado 28 de abril, este riesgo se materializó.

Según los informes preliminares del operador del sistema, el apagón comenzó con una súbita pérdida de más del 60 por ciento de la generación eléctrica peninsular en apenas cinco segundos, causada por una cadena de desconexiones de origen aún no esclarecido, en un momento en que las fuentes intermitentes representaban el 75 por ciento de la generación eléctrica. Algunas fuentes apuntan a un fallo de sincronismo entre parques eólicos y fotovoltaicos, combinado con un descenso abrupto de la producción solar debido a una tormenta en Castilla-La Mancha. Así, el sistema no pudo absorber el desequilibrio y las protecciones automáticas actuaron en cascada, retirando carga y generación para evitar daños mayores. En menos de un minuto, regiones enteras quedaron sin suministro y el restablecimiento completo tardó más de nueve horas.

Lo ocurrido se asemeja, en su lógica, a los grandes apagones históricos de los últimos tiempos: India en 2012 (620 millones de afectados), Estados Unidos-Canadá en 2003 (55 millones) o Italia en 2003 (todo el país). En todos ellos, la combinación de sobrecarga estructural, falta de inercia y decisiones de operación tardías provocaron fallos sistémicos. La diferencia es que, en el caso español, los ingredientes del desastre eran conocidos y evitables.

No se trata de cuestionar la transición energética ni el compromiso climático, sino de advertir que no puede construirse un sistema eléctrico robusto exclusivamente sobre fuentes no gestionables. La naturaleza física de la energía renovable –su dependencia del sol y del viento– obliga a planificar con realismo, y sin respaldo, sin almacenamiento masivo y sin red de transporte reforzada, la intermitencia no es una solución: es un riesgo.

Como ya advirtieron los informes del regulador francés (RTE) y de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), un sistema dominado por EnRI sin generación síncrona o almacenamiento suficiente se vuelve inestable y difícil de gobernar. Algo que reconocen incluso sus defensores más fanáticos.

Más preocupante todavía es la progresiva ideologización de la política energética española. La narrativa oficial celebra la «autonomía energética» y el «empoderamiento del consumidor», mientras se multiplican los 'blackouts' gestionados (cortes selectivos), las restricciones de consumo y los precios disparados. Se sacrifica la seguridad del suministro en el altar de una transición energética apresurada.

España necesita recuperar el equilibrio entre sostenibilidad, seguridad y coste. La energía verde no puede construirse sobre un sistema negro, por lo que es más necesario que nunca ponerse manos a la obra. Es necesario aplicar algunas propuestas concretas que se consideran necesarias para nuestro futuro más inmediato, como restablecer una base de generación gestionable, con ciclos combinados, hidráulica y nuclear, apostar por el almacenamiento masivo real, más allá de pequeños proyectos piloto, modernizar y reforzar las redes de transporte, evitando cuellos de botella y aumentando la resiliencia ante desconexiones, planificar de forma técnica y no ideológica, con escenarios realistas, con simulaciones de fallos y con una visión de largo plazo, potenciar las interconexiones, en particular con Francia, o fomentar la educación energética de la sociedad, para entender límites, costes y responsabilidades.

Con todo, la electricidad no es solo una comodidad, sino la base de la civilización contemporánea. Sin ella, no hay hospitales, ni datos, ni seguridad, ni producción. Lo ocurrido el 28 de abril no fue un accidente: fue una advertencia. Y puede que no sea la última.

Una política energética responsable no puede permitirse caminar al borde del abismo, confiando en que no soplará el viento en contra. España merece un sistema eléctrico a la altura de sus ciudadanos: moderno, limpio, sí… pero también seguro, resiliente y estable.