Violencia contra el PP

Los violentos no necesitan recibir instrucciones concretas: les basta con atender discursos incendiarios para justificar sus acciones

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EL PSOE ha reaccionado con dureza a las manifestaciones de dirigentes del PP, en particular del presidente del Gobierno de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, que han denunciado la relación entre la agresión sufrida por su consejero de Cultura, Pedro Alberto Cruz, y la campaña de acoso contra los populares murcianos ejecutada por la izquierda en esa comunidad autónoma. En efecto, durante los últimos meses la izquierda ha protagonizado actos de violencia verbal y física, amenazas e insultos contra el Gobierno murciano, con la excusa de las medidas de recorte. Políticos del PP y sus familiares, incluyendo los del presidente Valcárcel, han sido perseguidos y golpeados, dando lugar a escenas más propias de otras latitudes que de una democracia europea. A pesar de las denuncias y peticiones por los perjudicados, la Delegación del Gobierno en Murcia —es decir, el Ministerio del Interior— se negó a poner protección policial. El silencio del PSOE entonces y la negativa del delegado del Gobierno a atender las peticiones de seguridad son actos objetivos de responsabilidad política no por las agresiones físicas y verbales en concreto, sino por haber contribuido a crear el ambiente que las propició. La indignación de Ramón Jáuregui y José Blanco por las denuncias populares son una reacción defensiva ante el descontrol de los acontecimientos causado por una escalada más de violencia izquierdista contra la derecha.

Una más, en efecto, porque hay muchos antecedentes de acoso violento al PP en tiempo electoral. Fuera en su día la crisis del «Prestige», o fuera la intervención en Irak, la izquierda no ha dudado en recurrir a la violencia para intimidar al PP. Los violentos no necesitan recibir instrucciones concretas: les basta con atender discursos incendiarios para creer que sus acciones criminales están justificadas, porque la víctima no es inocente, porque se lo merece, como el consejero Pedro Alberto Cruz. Es hora, por supuesto, de serenar los ánimos, pero no de olvidarse de que un ciudadano, cargo político del PP, ha recibido una brutal paliza. La investigación judicial determinará quién ha sido y sus móviles, aunque no corresponderá a los jueces juzgar las responsabilidades políticas. Bienvenidas sean las condenas socialistas a la agresión y la oferta, tardía y forzada, del Ministerio de Interior para proteger a los amenazados. Pero en Murcia una parte de la izquierda se ha retratado con la agresión y otra, con su silencio.