SGAE, explicaciones políticas

Es curioso que intelectuales y artistas de izquierda pidan que los políticos imputados sean inelegibles, y mantengan a directivos encausados en sus cargos

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EL auto del juez sobre la trama de sociedades que se lucraron con fondos de la SGAE se mueve en el terreno de los indicios, como es lo propio de la fase de investigación en la que ha sido dictado. Por tanto, no sobran los llamamientos a respetar la presunción de inocencia. Esos indicios se irán verificando cuando se analicen los documentos y ordenadores incautados y el juez tome decisiones acordes con los resultados de la investigación. Entretanto, la SGAE debe asumir la situación en la que se encuentra. Y no parece que la junta directiva haya comenzado muy bien este análisis si nos atenemos a que, si bien ha decidido poner al frente de la entidad a una junta gestora, no aparta a Eduardo TeddyBautista de la presidencia ni al resto de los imputados de sus cargos, salvo al principal sospechoso, Rodríguez Neri. Todos quedan a disposición del nuevo ente. Los gravísimos delitos que se les achacan, penados con hasta diez años de cárcel, hacen prudente que se desvinculen de la entidad mientras se despeja ese horizonte penal. Es curioso que intelectuales y artistas de izquierda hayan exigido que los políticos imputados no vayan en las listas electorales y ahora blinden a sus dirigentes inculpados.

El relato judicial de las irregularidades es muy grave y enlaza con las dudas que dentro y fuera de la SGAE se habían formado sobre la limpieza de su gestión. La investigación se dirige contra tramas familiares, sociedades de pantalla, facturaciones por servicios no prestados; y apunta a la directiva de la SGAE —es decir, Bautista—, de la que el juez presume que tenía que conocer estas irregularidades porque era la única fuente de ingresos de la trama societaria de Neri. Ya nada podrá seguir igual en la SGAE. Tampoco puede esperar el debate político por este escándalo. El Gobierno debe dar explicaciones. No hay que olvidar que la SGAE basa su capacidad recaudatoria en una autorización administrativa. Además, el Ejecutivo no ahorró gestos hacia los artistas, encarnadas en la SGAE, como el canon digital —quizás en sus últimos días— o el nombramiento de González-Sinde como ministra, que dio nombre a una ley «antidescargas» ampliamente contestada entre los internautas. Y para el candidato Rubalcaba esta operación puede suponerle un muy oportuno apaciguamiento de la red, tan hostil al Ejecutivo socialista. Sí, claro que hay motivos para explicaciones políticas por parte del Gobierno.