La SGAE, bajo los focos

La ley es igual para todos, y ante una investigación de este tipo no sirve ampararse en la cercanía de los responsables con el Ministerio de Cultura

Actualizado:

A instancias de la Fiscalía Anticorrupción, el juez Pablo Ruz autorizó ayer una amplia operación de la Guardia Civil para investigar los presuntos delitos societarios y de apropiación indebida de los que en exclusiva ha venido informando ABC a lo largo de esta semana. El registro de la sede principal de la sociedad concentra el interés sobre una entidad que acaba de celebrar su proceso electoral en medio de una fuerte polémica por la falta de transparencia de sus gestores. Eduardo Bautista, máximo responsable de la entidad, y otros altos cargos fueron detenidos para responder ante la Justicia por unos hechos que resulta imprescindible investigar a fondo, sin desechar de antemano, como pretendían algunos directivos, las fundadas acusaciones sobre manejos turbios dentro de la SGAE. Sin perjuicio de las plenas garantías jurídicas de los presuntos responsables, está claro que Bautista y su equipo no pueden ampararse en una imaginaria conspiración en su contra. Por eso, es criticable la reacción airada de algunos de ellos mientras se desarrollaba la operación policial de ayer. En efecto, como ha venido informando ABC con sus primicias, existen datos objetivos que obligan a llegar hasta el fondo del asunto.

La actual SGAE mantiene ciertas querencias de la época en que la entidad ostentaba el monopolio en la gestión de los derechos de los autores españoles. Nadie discute que la propiedad intelectual y los derechos —morales y materiales— de los autores son elementos esenciales para el sector cultural. Sin embargo, la propia entidad ha puesto en cuestión su prestigio y su imagen con ciertas actuaciones, algunas tan peregrinas como las que afectan a bodas y fiestas populares. Ante la opinión pública, la SGAE ofrece la impresión de moverse por afán recaudatorio, lejos de una gestión flexible y razonable de los intereses legítimos que le corresponde tutelar. Si se confirma la malversación, estaremos ante un caso de extrema gravedad. La ley es igual para todos, y ante una investigación de este tipo no sirve ampararse en la cercanía de los responsables con el Ministerio de Cultura, cultivado ampliamente por la actual directiva. Habrá que seguir con la máxima atención el desarrollo de los acontecimientos porque la creación cultural exige sosiego y apoyo a sus verdaderos protagonistas.