La necesaria segunda transición

«Tras estos treinta y cinco años desde la transición del régimen dictatorial al democrático en España, se advierte la imperiosa necesidad de un nuevo cambio que profundice en la participación democrática de la ciudadanía en el Gobierno de la nación»

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HAN pasado treinta y dos años desde la promulgación de la Constitución española de 1978, que fue fruto del consenso obtenido entre todas las fuerzas políticas que afloraron tras el régimen que protagonizó el General Franco durante cuarenta años y que, en otro aspecto, vino a representar la plasmación de lo que se ha conocido como la Transición de la dictadura a la democracia.

La realidad del momento actual en España evidencia la imperiosa necesidad de un nuevo pacto supra-partidario que reconfigure nuestro sistema democrático, haciendo, si es preciso —y parece que puede serlo— los retoques constitucionales que se estimen adecuados y oportunos. Es una opinión compartida por amplios sectores de la sociedad civil y no deja de ser llamativo que, según refiere algún medio de comunicación, el propio Príncipe de Asturias, heredero de la Corona, en una reciente intervención institucional, se hubiera hecho eco de la misma, haciendo un llamamiento a la actualización y vigorización del sistema democrático alcanzado hace ya más de tres décadas. Como es obvio, los presupuestos de esta segunda Transición que parece demandarse se revelan, claramente, diferentes de los que determinaron la primera producida en la década de los setenta del pasado siglo XX, pero no menos importantes en orden a una definitiva consolidación de nuestro sistema democrático y de la organización territorial de España. El sistema de elección de los representantes políticos está demandando una reforma, indemorable ya, si es que, de verdad, se quiere que el pueblo soberano esté adecuadamente presente en las instituciones públicas representativas. Hay que alejar todo atisbo de configuración piramidal de los partidos políticos y eliminar de los mismos todo signo de autoritarismo que vaya más allá de la disciplina indispensable en toda agrupación humana llamada a prestar un servicio público.

Claro es que resulta mucho más cómodo el sistema de listas cerradas que garantiza la promoción de candidaturas que a la dirección del partido le interesa o le viene bien, como también es más expeditivo el nombramiento de cargos en el seno del propio partido por el régimen de designación discrecional. Pero, indudablemente, en uno y otro caso se violentan los principios de libertad de elección democrática, tanto externa como internamente. También, cómo no, habría que pensar en remodelar el sistema electoral a fin de conseguir una más ajustada proporcionalidad representativa, procurando, asimismo, que la fuerza política más votada fuese la que asumiera el Gobierno sin dar ocasión a que partidos minoritarios lleguen a adquirir un protagonismo no concordante con el verdadero resultado electoral.

En otro orden de temas, uno que se halla precisado de un imprescindible y ya no retardable afrontamiento es el referido a la definitiva organización territorial de España, que exige un replanteamiento a fondo que sitúe a las comunidades autónomas en el lugar que, constitucionalmente, les corresponde. Al respecto, hay que decir que cuando se promulgó la Constitución de 1978 y, consiguientemente, su Título VIII, nuestros constituyentes configuraron un mapa autonómico sobre la base de la unidad nacional de España y de un marco competencial precisamente definido que, ciertamente, ha quedado desfigurado por la realidad que se vive en el momento presente y por las reivindicaciones que se formulan para el futuro. El devenir histórico de las comunidades autónomas revela un manifiesto desbordamiento, cuantitativo y cualitativo, que es preciso frenar, mediante un acuerdo de Estado de los principales partidos políticos, si es que no se quiere romper la unidad, política e incluso, en cierta manera, administrativa de España, claramente preservadas, ambas, en las recientes sentencias del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña.

D Hay que tener en cuenta que de unas históricas particularidades de apenas tres comunidades autónomas se ha pasado a un régimen generalizado de autonomía regional que se revela de una voracidad insaciable, hasta el punto de pretender dejar vacío de competencias al Estado central. Siendo como es grave, desde una perspectiva política, el fenómeno enunciado, el mismo se agrava sobremanera cuando se contempla desde el prisma económico, y mucho más en una situación de crisis como la que, lamentablemente, se padece en estos momentos a nivel mundial y nacional. Para nadie es un secreto que entidades de ámbito internacional que examinan la solvencia de los distintos Estados están apuntando al gasto de las comunidades autónomas de España como una de las causas determinantes de los enormes déficits y deuda que se mantienen a nivel de Estado y que amenazan con la necesidad de adopción de medidas drásticas para la economía nacional. Cuando se contempla la cuadruplicidad de nuestra Administración Pública —el Estado, las comunidades autónomas, las diputaciones y los ayuntamientos— y, lo que es peor, la duplicidad de organismos, funciones, cargos y puestos de trabajo en algunas de ellas, la verdad es que nadie con sentido común alcanza a ver la necesidad de todo ello y, mucho menos, a justificar el desbordado gasto y la complejidad administrativa que origina. Se ha sido muy tolerante hasta ahora con las comunidades autónomas, pero parece llegado el momento de poner coto a los innegables excesos que, en buena parte de ellas, se han producido. No es fácil el recorte de competencias transferidas a estas alturas del tiempo transcurrido desde la instauración de las comunidades autónomas, pero no hay otro remedio que poner manos a la obra en la reconfiguración de la organización territorial de España, y es misión y responsabilidad que incumbe a los dos partidos políticos mayoritarios que, dejando de lado sus normales e inevitables rivalidades, han de asumir, como verdadera cuestión

de Estado, la nueva y definitiva estructuración territorial de la única nación española. Y cuando se afirma esto no se hace sino reflejar la doctrina constitucional sobre el tema que, pese a todas las ambigüedades atribuibles a la misma, sin embargo, viene a sentar, en definitiva, el principio de la unidad política de España y de sus instituciones fundamentales, lo que requiere para ciertas materias básicas, como pueden ser la justicia, la sanidad y la educación, un principio de unificación que, ciertamente, se ha abandonado en muchos casos.

La ya existente jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre la obligación en Cataluña de admitir como lengua vehicular en la educación el castellano va en la línea de unificación que se deja enunciada y es preciso, por ende, que, sin esperar a la actuación jurisdiccional y sobre la base de los pronunciamientos hechos ya por el Tribunal Constitucional, las principales fuerzas políticas del Estado asuman su responsabilidad de reconfigurar el mapa autonómico de España, adecuándolo a los principios que emanan de la Constitución de 1978, cuya modificación, en este aspecto a diferencia de otros, no se revela, en modo alguno, necesaria.

Varios otros temas debieran merecer una reconsideración seria y ponderada, y por citar alguno, dentro del limitado espacio que permite un artículo periodístico, viene a la memoria la configuración de nuestros órganos constitucionales, cuyo deterioro público resulta ya manifiesto. Las inadmisibles demoras en la renovación del Consejo General del Poder Judicial o del Tribunal Constitucional y la, ya descarada, politización de estos órganos constitucionales tendrían que hacer pensar a los responsables políticos que la garantía máxima de un Estado de Derecho se halla, precisamente, en el imperio de la Ley por encima de todo, de tal forma que la misma se convierta en el verdadero «Poder de los Poderes». De aquí que, tras estos treinta y cinco años desde la transición del régimen dictatorial al democrático en España, se advierta la imperiosa necesidad de un nuevo cambio que, lejos de volver a denostados principios de unificación nacional o de regresión en el régimen de libertades adquiridos, sobre la base del Estado Social y Democrático de Derecho que, felizmente, alumbró la Constitución de 1978, profundice en la participación democrática de la ciudadanía en el Gobierno de la nación, tanto a nivel externo del proceso electoral en su conjunto como a nivel interno de funcionamiento de los partidos políticos, y, por otra parte, se asuma, por estos últimos, el encauzamiento adecuado del Estado de la Autonomías y la más exigente asepsia política en la conformación de los órganos constitucionales del Estado. Desde esta perspectiva, que por supuesto no agota los temas a abordar, es como se propugna la impulsión de una nueva Transición en España.

BENIGNO VARELA AUTRÁN ES MAGISTRADO JUBILADO DEL TRIBUNAL SUPREMO. EX VOCAL PORTAVOZ DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL. MIEMBRO DEL FORO SOCIEDAD CIVIL