Madrid-Berlín-Madrid

«En los últimos meses hemos asistido a la reactivación del debate sobre una presunta fuga de cerebros en nuestro país, avivado por el llamamiento que hizo semanas atrás el Gobierno alemán para atraer a miles de jóvenes europeos»

POR CRISTINA GARMENDIA MENDIZÁBAL
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MADRID, 1897-Berlín, 1970. Dos ciudades y dos fechas que enmarcan la vida de Manuel Sánchez Arcas, el notable arquitecto español que colaboró en tantos proyectos de la Junta para la Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas y que en 1934 fundó, junto con Eduardo Torroja, el Instituto Técnico de la Construcción y Edificación, un centro de investigación pionero por su carácter privado.

La historia de Sánchez Arcas es similar a la de tantos científicos e intelectuales que tuvieron que abandonar España durante la Guerra Civil. Sus biografías —y pienso en personas de la talla de Pío del Río Ortega, Blas Cabrera o María de Maeztu— tienen un elemento común: murieron sin poder regresar a España.

En los últimos meses hemos asistido a la reactivación del debate sobre una presunta fuga de cerebros en nuestro país, avivado por el llamamiento que hizo semanas atrás el Gobierno alemán para atraer a miles de jóvenes europeos cualificados. Alemania despertó con ese anuncio un fantasma que debimos dejar atrás hace años, una vez que nuestro sistema de ciencia se ha hecho competitivo, abierto al exterior y sólidamente financiado. La España de hoy no es la de Sánchez Arcas.

Esta reflexión me ha surgido mientras preparaba el foro hispano-alemán que celebramos hoy en Berlín, donde tengo el honor de acompañar a Su Majestad el Rey. Precisamente en Berlín, la ciudad de acogida de Sánchez Arcas y una de las pocas a su vez que, como el Madrid de la Guerra Civil, ha sufrido de verdad una fuga de cerebros: primero, con los científicos de origen judío emigrados a Estados Unidos, y más tarde, con los que arriesgaron su vida para cruzar el Telón de Acero.

La situación actual de los científicos en España es bien distinta. Asistimos a un debate en el que se confunde la necesaria movilidad internacional de nuestros investigadores con el juego de las expectativas laborales individuales, y en el que las emociones pesan más que los argumentos. En otras palabras, más que un debate es un callejón sin salida: porque los hechos y los datos permiten combatir las falsedades, pero no siempre los mitos.

En los últimos meses hemos escuchado algunas voces de la comunidad científica que nos alertan contra la posible pérdida de toda una generación de investigadores, sin privarse de recurrir a términos bíblicos como «diáspora», «éxodo» u «holocausto». La supuesta amenaza venía del proyecto de Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación que se tramita en las Cortes y que, paradójicamente, incorpora numerosas medidas para mejorar la carrera científica. ¿Hay algo de razonable en ese alarmismo?, ¿se asemeja en algo la situación actual a la de hace 75 años?

Comencemos por lo que es razonable. Es razonable que nuestros investigadores pidan más financiación y mejores condiciones para seguir elevando su posición competitiva. Esta demanda permanente es lícita y hasta conveniente para el avance de nuestra ciencia, sobre todo cuando la exigencia empieza por uno mismo. Es también comprensible que la reivindicación se redoble en un momento en que, tras un crecimiento sin precedentes de inversión pública en I+D —se duplicó entre 2005 y 2010—, la progresión se ha visto frenada por las obligadas políticas de reducción del déficit.

No parece razonable, en cambio, que sobre la base de esas demandas se traslade a la opinión pública una alarma injustificada, cuyo único efecto es socavar, justo cuando es más necesaria, la confianza de nuestra sociedad en su sistema de ciencia: la esperanza en que la I+D nos ayude —como ya lo está haciendo— a construir una economía más fuerte y competitiva, capaz de ofrecer más oportunidades, riqueza y empleo para todos los ciudadanos.

Las cifras justifican esta esperanza. El número de trabajadores en I+D creció según las estadísticas del INE un 36 por ciento entre 2004 y 2009, y ese mismo año, el de mayor destrucción de empleo de nuestra historia reciente, el trabajo en I+D siguió al alza. España cuenta hoy con más personas que nunca empleadas en I+D y con más recursos que nunca por investigador. Somos, además, un país que atrae talento internacional: uno de cada cinco científicos contratados con cargo a programas del Ministerio de Ciencia e Innovación es extranjero.

Los dos países que más investigadores aportan a España son Italia y, precisamente, Alemania, dos naciones líderes en investigación a las que por fin podemos mirar frente a frente. A principios de la década de 1980 la producción científica española representaba un 0,7 por ciento del total mundial, un valor muy por debajo de Italia y Alemania. En la actualidad, con un 3,4 por ciento, estamos ya en el nivel de los italianos y nos acercamos cada vez más a los alemanes. En solo tres décadas, España ha ido ascendiendo desde el puesto trigésimo en producción científica mundial hasta ubicarse entre los diez primeros, superando a potencias como Rusia. Solo China ha crecido tanto como nosotros en tan poco tiempo.

La nueva Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación representa un nuevo salto de gigante para nuestra I+D: culmina aspiraciones que la comunidad científica no pudo materializar en la vigente ley de 1986 y, sobre todo, responde a nuevas necesidades derivadas de lo mucho que hemos avanzado desde entonces. Establece una carrera científica predecible y basada en méritos, sustituyendo becas por contratos; hace una apuesta indiscutible por la excelencia y la rendición de cuentas; incorpora la transferencia de tecnología como una actividad propia de los investigadores, facilitando la cooperación-público privada, y hace de la ciencia un elemento de vertebración del país, articulando las prioridades del Estado y de las comunidades autónomas.

Nuestro presente y nuestro futuro inmediato, insisto, nada tienen que ver con el pasado, aunque recordarlo nos ayuda a comprender la importancia de lo que hemos conseguido. Hace cien años, la Junta de Ampliación de Estudios de Sánchez Arcas inauguró la política científica en España. Bajo la dirección de Santiago Ramón y Cajal, se puso en marcha un programa que concedía pensiones para ampliar trabajos de investigación en el extranjero. Se intentó normalizar lo que era ya habitual en los grandes países de ciencia: la movilidad internacional de nuestros científicos.

Hoy, con la misma naturalidad, jóvenes investigadores alemanes formados en Berlín —en los mismos centros que Bartolomé Cossío o Julio Rey Pastor visitaron en su día— vienen a desarrollar su carrera científica en universidades y centros españoles, sabiendo que contarán con recursos para ello. La autopista científica que conecta Madrid con Berlín es, por fin, de doble sentido: Madrid-Berlín-Madrid.

El carácter español es proclive a ejercer una autocrítica feroz con los asuntos públicos, de la que no se salva nuestra ciencia. Con la misma facilidad con que lamentamos no ocupar el lugar que merecemos en la escena internacional, criticamos con acidez nuestros principales avances en este terreno. Nos quejamos porque todavía no llegamos, sin entender que muchas veces no llegamos porque todavía nos quejamos. Cada español es libre de elegir sus prejuicios y sus fobias, pero hay un asunto sobre el que la tozuda realidad no nos deja elección: España es ya un país de ciencia.

CRISTINA GARMENDIA MENDIZÁBAL

ES MINISTRA DE CIENCIA E INNOVACIÓN