El Gobierno que no iba a mentir

Ya es hora de que el Gobierno se sincere ante este escándalo que tiene comprometidos a posibles responsables políticos del «Caso Faisán»

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EL levantamiento del secreto de otra parte del sumario del «Faisán» viene a consolidar, ya con imágenes, la gravedad del caso: un funcionario del Ministerio del Interior, que ya dirigía Pérez Rubalcaba, entrando hasta tres veces en ese bar de Irún a la misma hora en la que se alertaba al propietario del establecimiento (un sujeto conocido como facilitador del pago de la extorsión a los etarras) de que se preparaba una redada policial al otro lado de la frontera. No es sencillo imaginar a un inspector de Policía abortando por su cuenta una operación antiterrorista, a sabiendas, además, de que había cámaras grabando todo. Es más sencillo adivinarlo cumpliendo una orden.

El «caso Faisán», por tanto, ya tiene un soporte visual que hará difícil que el Ejecutivo persevere en la ocultación del asunto. Ahora más que nunca es necesario que se sepa la verdad. Y la verdad debe tener nombres y apellidos, para que la Justicia, las Cortes y los ciudadanos puedan depurar las responsabilidades que corresponda. ¿Aceptaría el Gobierno una comisión de investigación? La parodia de control político que protagoniza Rubalcaba los miércoles en el Congreso —con sus chistes y canturreos para eludir las preguntas de la oposición— ha quedado reducida al ridículo por el cúmulo de datos que tiene la investigación judicial, apoyada además en las actas del anterior proceso de negociación con ETA.

Porque si ha habido un Gobierno y un partido que han dado veracidad a los documentos etarras son el de Zapatero y el PSOE. La negociación entre socialistas vascos y Batasuna entre 2002 y 2005, y la del Gobierno con ETA entre 2005 y 2007, demuestran esa carta de interlocutores fiables que recibieron los terroristas. Por eso, no basta con que el Ejecutivo apele a la desconfianza hacia ETA para negar la autenticidad de las actas que recogen una reunión entre los negociadores de Zapatero y de la banda, donde se explica el acto deliberado del Gobierno para sabotear la operación del «Faisán». Durante la negociación política entre 2005 y 2007, en la que se engañó al PP y a las víctimas y su usó ad nauseama la Fiscalía, la opinión pública tuvo más conocimiento del desarrollo del infausto «proceso de paz» por los comunicados de ETA que por el Gobierno de la Nación. De nuevo, los ciudadanos están en el trance de saber la verdad de uno de los mayores escándalos de la democracia en versión de los terroristas, en vez de tener ese Gobierno transparente que siempre iba a decir a la verdad.