Europa, en el laberinto luso

Forzado por la UE y asfixiado por los mercados, José Sócrates debería haber consensuado con la oposición su plan de ajuste

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EL primer ministro portugués, el socialista José Sócrates, ha querido gestionar la crisis económica de su país como si fuera un asunto de partido, a través de un plan de ajuste que afecta a todos los sectores de la sociedad y durante un largo periodo de tiempo, tanto que cabe esperar que otras formaciones políticas, ahora en la oposición, sean las encargadas de aplicarlo a corto plazo. Hubiera sido más razonable que ese plan de austeridad que reclaman las instituciones europeas —planificado sin el oportuno consenso— se hubiera gestionado de forma conjunta, o al menos siguiendo un procedimiento de consultas que abarcase a todos los sectores políticos y sociales. Por su parte, la oposición de centro-derecha ha hecho de la actitud del dimisionario Sócrates un motivo de afrenta y, a cuenta de la terquedad del primer ministro, ha preferido responder con las mismas armas y derribar el plan en el Parlamento, a pesar de las consecuencias que va a tener la caída del Gobierno y a sabiendas de que, en caso de que le tocase gobernar, estaría obligada a aplicar el mismo plan de austeridad que acaba de rechazar, u otro muy parecido. Cuando la situación política está bloqueada, lo más razonable es dar la voz a los electores para que decidan hacia dónde creen que deben orientarse los asuntos del país, y esto es lo que muy probablemente van a tener que hacer los portugueses.

Esta situación hace más probable ahora que el Gobierno exangüe de Sócrates tenga que dar el paso de pedir la ayuda financiera de la UE que lleva tanto tiempo eludiendo. La muerte política del dirigente socialista provoca, a su vez, un problema jurídico en Bruselas que complica sobremanera el rescate: un político dimisionario no puede comprometerse por escrito a las reformas que, como contrapartida a recibir la astronómica inyección (más de 75.000 millones), debe llevar a cabo.

Para España, cuyos principales bancos tienen una participación muy importante en la deuda portuguesa, la intervención de Portugal sería una señal tranquilizadora por un lado, puesto que supondría la garantía de pago de esa deuda, pero al mismo tiempo nos dejaría expuestos directamente a los ataques del mercado financiero, porque las tardías y vanas reformas del Gobierno de Zapatero aún no son ni lo profundas que deberían ser ni han demostrado la eficacia que se esperaba de ellas.