El TC se cree a ETA

ETA ha estado treinta años en las instituciones vascas y su presencia sólo ha rendido beneficios a sí misma. Solo se avanzó hacia la paz cuando los terroristas fueron expulsados del Parlamento

Actualizado:

LA peor de las opciones ha sucedido con la decisión del Tribunal Constitucional —por un estrechísimo margen de seis a cinco— de revocar la anulación de las candidaturas de Bildu, sentenciada por la sala del 61 del Tribunal Supremo. El Estado ve así frenado su proceso de desmantelamiento de la estructura «política» de ETA, que recibe un balón de oxígeno en el último segundo de una historia que podría haber supuesto el fin del terrorismo en las instituciones vascas. Ésta es la situación que ahora se habría consolidado si el TC hubiera tomado en consideración la realidad de los hechos, la fuerza de las pruebas y las lecciones de la experiencia. La sentencia del TC —propiciada por la intervención sobrevenida de su pleno, en el que la mayoría «progresista» se ha impuesto— devuelve la lucha contra ETA a las épocas en las que se creía que ETA y sus títeres políticos eran cosas distintas y en las que se pensaba —por cobardía o buena fe, o ambas cosas— que la expulsión de los terroristas sólo serviría para aumentar sus coartadas. Pues bien, ETA ha estado treinta años en las instituciones vascas y su presencia sólo ha rendido beneficios a sí misma. Únicamente se avanzó realmente hacia la paz cuando los terroristas fueron expulsados del Parlamento por aplicación de la ley de Partidos Políticos. Fue entonces posible plantearse el cambio político, cuando un socialista llegó a Ajuria Enea gracias a los votos del Partido Popular, el nacionalismo pasó a la oposición y el discurso de ETA sobre el «conflicto» empezó a perder fuerza. Cambio político que puede tener las horas contadas.

Sólo faltaba el empujón que el TC no ha querido dar para que la democracia fuera realmente plena en el País Vasco. Su decisión frustra las expectativas de quienes anhelan la derrota incondicional y completa de ETA, pero alimenta la de quienes temen esa derrota. Lamentablemente, no sólo ETA y el PNV —siempre, a las duras, juntos— deseaban esta sentencia del TC. También los socialistas que viven con vértigo o con miedo o con prejuicio que el fin de ETA pudiera venir, tal y como estaba llegando, de la mano de la ley y de la justicia, sin negociaciones ni diálogos que rehabilitaran el intento de 2005-2007 y desautorizaran la política de firmeza que siguen asociando a Aznar. Ya tienen a ETA cuatro años más en las instituciones, que sólo van a servir para que los terroristas consoliden su posición chantajista en una hipotética negociación con el Estado. Porque ETA, director de orquesta de los partidos integrados en Bildu, no está por la labor de un proceso de rendición o de desaparición. A lo sumo busca una fórmula para perpetuarse política y socialmente, sin tener que rendir cuentas ante los tribunales y eludiendo su condena histórica. Y para eso necesita la mascarada política que ha bendecido el TC.

Ahora se verá si, además, el PNV decide ayudar al Gobierno socialista en su agonía final, lo que sólo abonaría sospechas de que el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero decía una cosa, pero le interesaba la contraria. El vocerío socialista sobre Bildu distó mucho de ser espontáneo. Los que criticaban al Supremo y pedían la revocación de su sentencia actuaron con extraordinaria contumacia y seguridad. Como si tuvieran la certeza de que realmente su criterio era el que querían el PSOE y el Gobierno. Las piezas pueden empezar a encajar rápidamente, aunque algunas queden fuera de juego, como el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, tanto por la decisión del TC, como por la deslealtad que le ha dispensado una parte de su propio partido.

Por eso, la sentencia del TC tendrá consecuencias políticas, aplazadas o no por razones electorales, porque sería ingenuo pensar que en esta situación sólo ETA, Bildu y el PSOE tienen algo que decir. La Ley de Partidos Políticos y las reformas electorales antiterroristas de principios de este año han quedado inutilizadas por la sentencia del TC. Si los informes policiales, si las demandas de Fiscalía y Abogacía del Estado y si la sentencia de la Sala del 61 que declaran que Bildu es ETA no sirven para excluir sus candidaturas, entonces todo el sistema legal de protección de la democracia frente al terrorismo se ha venido abajo.

El acuerdo antiterrorista también sale perjudicado por la sentencia del TC en la medida en que ha sido precedida de una ceremonia de confusión celebrada por los socialistas, que parecen creer en el don de la ubicuidad: recibir los votos del PP en el País Vasco y apoyar las tácticas políticas de ETA ante los Tribunales. Parece llegado el momento de que los populares se pregunten —y actúen en consecuencia de la respuesta— si es posible apoyar a un lendakari cuyo partido quería que Bildu —es decir, ETA/Batasuna— se presentara a las elecciones.