Votos y ordenación del territorio

Por Darío VALCÁRCEL
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Volvemos sobre las elecciones del domingo último en Francia: al norte y al sur de los Pirineos se mantienen dos modelos distintos de ordenación del territorio. Caiga quien caiga, Francia defiende su cohesión social, territorial, entendiendo que el territorio es una red: una red en la que se vive, se produce, se descansa, en la que los hombres y las mujeres estudian, se relacionan, divierten, procrean, trabajan, mueren. En España, por contra, pervive un viejo patrón del siglo XIX, confirmado a lo largo de casi todo el siglo XX. La Constitución de 1978 establece un Estado autonómico pero por debajo el viejo centralismo permanece: la Corte en Madrid, unos territorios semidesérticos alrededor, y el litoral, con sus centros nodales, Barcelona, Valencia, Sevilla, Vigo, Coruña, Bilbao... El Estado español abandona lo que no es madrileño ni marítimo mientras el Estado francés defiende su tejido departamental y crea núcleos de desarrollo fuera de París, en el interior, lejos del litoral: Lyon, Toulouse, Poitiers, Orléans, Nancy, Lille... En esos focos crecen, por decisión del Estado, centros de investigación, aeropuertos, universidades, trenes ultrarrápidos. La industria aerospacial en Tolouse y las locomotoras TGV en Belfort compiten con la electrónica de Sophia Antipolis, la antigua colonia romana del sur. El Estado francés tiende a fijar a los habitantes en su territorio, no los empuja a emigrar. Aplicar las leyes de mercado a la gobernación de un Estado europeo puede devolver sus regiones interiores al Tercer Mundo.

El Estado puede impulsar grandes proyectos. A esto llamamos regeneracionismo, no a los discursos. Francia lo ha hecho desde 1945 —o desde el siglo XV, cuando se afianzó como nación—, mientras que España tiende a desagregarse, en parte por culpa de su Estado: Valladolid rescatada por una industria francesa, Zaragoza por la inversión americana (el Estado, centralista entonces, ofrecía subvenciones a General Motors para ir a Cádiz, no a Zaragoza). Son procesos profundos que no todos ven, pero que nos amenazan a medio plazo, cuando los señores de hoy no estén ya.

Y así, Francia mantiene un país cohesionado, articulado, solidario. Hay regiones ricas y pobres: el Estado trata de compensar a las segundas, es una de sus funciones legitimadoras. Francia ha mantenido esa regla invariablemente, con gobiernos de izquierda y de derecha. Es curioso: las elecciones cantonales y municipales del domingo nos muestran a un país mucho más trabado que la España hoy. Un Estado —leíamos recientemente— no puede comportarse como un consejo de administración de una distribuidora de aguas, desentendiéndose de la ordenación del territorio. A no ser que se busque el enfrentamiento. Las dos Castillas, con casi la mitad del territorio español, tienen menos población que la Comunidad Valenciana. Aragón, con casi el 10 por ciento del territorio, tiene un millón de habitantes. El Ministerio de Medio Ambiente ha divulgado un documento en el que se aboga «por enriquecer a las poblaciones del litoral, a la vista del vaciamiento de la España rural interior»: con estas palabras. El último Plan Hidrológico ¿qué es salvo una insolvente, demagógica, superficial y pretenciosa operación de mercadeo de votos? Pero atención, este es un juego peligroso: Aragón ocupa el espacio intermedio entre la región vasco-navarra y Cataluña. Las cuatro comunidades controlan la frontera francesa, cuyo intercambio económico supera, por ejemplo, al de la frontera franco-italiana. Son emplazamientos geográficos extremadamente delicados.

Un Estado no es una sociedad anónima sino un defensor de la justicia. El Estado moderno ha de redistribuir la riqueza, creando industrias, medios de transporte, centros de enseñanza, manteniendo también la primera base de riqueza que desde hace 6.000 años es la agricultura. De otro modo se cumpliría la advertencia de Marx, con ricos cada vez más ricos y pobres cada vez más pobres. ¿No es imprudente usar un lenguaje de colegio, con referencias testiculares, en estas materias? La democracia es información, no manipulación; debate verdadero, no columnistas a sueldo. Y respeto a las minorías. Mayoría absoluta no es sinónimo de verdad absoluta.