La virtud de no dar

Bajo el estruendo de la crisis socialista, el bloqueo político que no termina de despejarse, la incógnita sobre si volveremos a las urnas en diciembre y los dimes y diretes cruzados entre «pablistas» y «errejonistas» que tanto cautivan a las televisiones, ha pasado prácticamente desapercibida la última bofetada del Parlamento de Cataluña a la Constitución. La enésima ofensa al principio de soberanía. La convocatoria formal de un referéndum de autodeterminación para el año próximo, votada a instancias del presidente de la Generalitat con el beneplácito de la primera autoridad de la Cámara, pese a la advertencia expresa del Tribunal Constitucional sobre la ilegalidad de dicha resolución. O sea, un peldaño más en la escalada de provocaciones que llevamos años soportando, impotentes.

Ateniéndose a la máxima de «no corráis, que es peor», el Estado de Derecho representado por gobernantes y miembros del Poder Judicial ha hecho exactamente nada. Nada significativo. Nada susceptible de disuadir a los sediciosos de su conducta reincidente. Nada comparable a la magnitud de su descaro. Ni en el plano penal, ni en el económico, ni en el legislativo, ni en el político ni mucho menos en el educativo. Nada de nada. Ni cárcel, ni multas dignas de ese nombre, ni cierre de grifos, ni utilización de los medios de comunicación públicos para contrarrestar con argumentos fundados la demagogia que se difunde a través de los controlados por ellos ni recuperación de competencias en materia de enseñanza con el fin de revertir el proceso de intoxicación con el que se envenenan mentes juveniles a base de victimismo y mentiras históricas. «Res de res», que dirían ellos.

Artur Mas, gran timonel de la nave lanzada al abismo independentista el 9-N-2014, ha sido condenado a una inhabilitación política que ya había sufrido en la práctica de manos de la CUP, aliada de sus correligionarios. Carme Forcadell, responsable personal del último desacato, se enfrenta a la mera amenaza de una actuación de la Fiscalía que podría tardar lustros en producir efectos concretos. Carles Puigdemont, máximo representante del Estado en la comunidad autónoma, alardea pública e impunemente de fumarse un puro con la Carta Magna. Y Oriol Junqueras, líder de la izquierda republicana declaradamente enemiga de la unidad nacional, es el encargado de pagar las facturas de ese aventurerismo con el dinero que pide y recibe del Ministerio de Hacienda. Nada menos que 50.000 millones, euro más euro menos, equivalentes a un tercio del fondo de liquidez autonómica que sufragamos a escote. Deuda emitida con el aval y garantía de todos los españoles, la última vez este verano por un montante de 685 millones. Gastos que hace mucho tiempo deberían haber sido puestos bajo el control directo de la Administración central, sujetos al cumplimiento estricto de la legalidad vigente.

Contra el vicio de pedir está la virtud de no dar, lo cual requiere firmeza, determinación y coraje. A falta de esos atributos, el vicio se multiplica y la virtud desaparece.