La violencia del «procés»

Esta violencia está en la esencia del «procés». El magistrado Llarena la describe en el auto de procesamiento de los dirigentes separatistas y los Mossos d’Esquadra la han actualizado en un informe que relata los 215 actos violentos cometidos entre el 20 de septiembre y el 8 de noviembre de 2017. Además, el actual máximo responsable de la Policía autonómica, Ferrán López, advirtió personalmente al presidente del Parlamento catalán de la deriva violenta que estaba tomando el proceso separatista.

La violencia no es una percepción distorsionada de la falsa «revolución de las sonrisas» en Cataluña, sino el retrato fiel de un reparto de roles entre grupos extremistas -los CDR, la CUP- y los partidos dirigentes del proceso separatista, JpC y ERC. La negativa de estos a condenar la violencia equivale a justificarla y a alentarla. Los grupos radicales ven alimentada así su predisposición a la algarada y la agresión por el silencio cómplice de unos partidos teóricamente democráticos. El doble lenguaje del nacionalismo ha contaminado incluso una figura institucional, como el defensor del Pueblo catalán, Rafael Ribó, quien llegó a preguntarse por qué estaban en prisión los dirigentes nacionalistas «si no habían dado una bofetada», regla por la cual ningún corrupto debería entrar en prisión. El problema es que en ese reparto de funciones que tan bien conoce el nacionalismo, hay quien da bofetadas y hay quien las justifica, incluso con una sonrisa. La Fiscalía alemana debe tener esta información, con todo detalle, cuando la próxima semana decida qué criterio va a defender ante el juez sobre la entrega de Carles Puigdemont. El «procés» es ilegal y violento.