Dos tribunales, peor que uno

JOSÉ MARÍA CARRASCAL
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TENÍA que ocurrir. Estaba cantado que el Tribunal Constitucional y el Supremo disintiesen en un tema importante. Es la segunda vez que ocurre en uno de los más sensibles de nuestra política, la lucha antiterrorista, y menos mal que en esta ocasión los dos grandes partidos están de acuerdo en cómo hay que afrontar esa lucha, porque si el Gobierno estuviera todavía negociando con ETA, la tendríamos de nuevo armada.

Pero los daños de esta divergencia de criterios de las dos máximas instancias judiciales son incalculables. Por lo pronto, una candidatura que reconoce «acoger con gusto el voto abertzale» puede presentarse legalmente a las elecciones europeas, abriendo la posibilidad de otro simpatizante de sus tesis en el Parlamento de Estrasburgo. Muy bonito. Europa incluye a ETA y su entorno entre las organizaciones terroristas, y España se lo devuelve convertido en eurodiputados. Está visto que seguimos siendo diferentes. O, simplemente, duros de mollera.

Pero mayor aún son los estropicios internos. Por si no estuviera ya bastante desprestigiada nuestra Justicia, sus dos más altos tribunales se pronuncian de forma opuesta sobre un asunto capital. ¿Cuál de ellos tiene razón? Vaya usted a saber, pero quien tiene la última palabra es el Constitucional. O sea, que el Supremo, que como su nombre indica significa la máxima autoridad procesal, se ha equivocado. ¡Menuda garantía para los procesados españoles! Pues, si la máxima autoridad procesal puede equivocarse, ¿no puede equivocarse también la máxima autoridad constitucional?, se preguntará el ciudadano de a pie. Con lo que la desconfianza hacia la Justicia no hará más que crecer. En otras palabras: el daño que esos dos tribunales han hecho a la Justicia española con sus sentencias opuestas no puede ser mayor.

Pero la culpa no es suya. Es de nuestro marco legal. Que los juristas discrepen no es raro, ni malo. Lo malo es cuando esa discrepancia ocurre al máximo nivel, aquél que se supone definitivo. ¿Solución? Hacer una sola instancia máxima. Los Estados Unidos no necesitan dos tribunales supremos para demostrar que son una democracia porque lo son. Con uno les basta, que es a la vez última instancia e intérprete de la Constitución. España, en cambio, de escasa andadura democrática y que encima ha pasado un largo periodo sin ella, ha creído oportuno establecer dos últimas instancias procesales, como garantía de los derechos ciudadanos. Y lo que ha hecho ha sido sembrar la duda sobre tales garantías.

Es una de las cosas que convendría corregir en nuestro ordenamiento constitucional antes de que se convierta, como el resto del país, en un galimatías. Pero mucho me temo que no se haga, ya que lo único que importa a los políticos es ganar las próximas elecciones. El país, que lo parta un rayo.